Por: Redacción/

Tania Ramos Beltrán, diputada del GPPRD, inscribió ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exhortar al Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales a instrumentar medidas cautelares y de prevención de delitos electorales por el reparto de apoyos de desarrollo social a través del programa “Bienestar Salario Rosa”, del gobierno de Chiapas.

La propuesta de la diputada también incluye un exhorto a Manuel Velasco, gobernador de la entidad, para que haga públicas las reglas de operación del citado programa, así como el monto de los recursos asignados para la operación y entrega de apoyos económicos a las mujeres de la entidad y que el titular de la Secretaría deDesarrollo Social dé a conocer cuáles son los criterios que sirvieron para integrar las reglas de operación y el padrón de beneficiarias.

La presidenta de la Comisión Especial de Alerta de Género en la Cámara de Diputados argumentó que en febrero de 2018, tras replicar la puesta en vigor del programa mexiquense “Salarios rosas”, el gobierno chiapaneco arrancó el denominado “Bienestar, Salario Rosa” y denunció que en pleno proceso electoral, el gobernador ha repartido -en lo que es una estrategia político electoral y transgresora de la ley- miles de tarjetas rosas en comunidades como. Pichucalco, Comitán de Domínguez, las Margaritas, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Villaflores.

“En medio de irregularidades, falta de planeación, opacidad en la distribución de los recursos y en las reglas de operación del programa, clientelismo, manipulación política y compra de votos, se demuestra cómo la entrega de recursos no tiene realmente la intención de empoderar o proteger a miles de chiapanecas. A lo anterior se suma que en los eventos masivos donde se hizo la entrega de las tarjetas, hubo problemas de seguridad y de protección civil que derivaron en lesiones y hasta la muerte de una de las beneficiaras”, argumentó.

Ramos Beltrán subrayó que no puede permitirse la simulación en la entrega de recursos de desarrollo social cuando está encubierto un fin electoral y advirtió que la operación con recursos federales, estatales o municipales en pleno proceso electoral, podría ser constitutivo de delito electoral, cuando se pretende promover, influir o inhibir el voto para un partido político o candidato.