Por: Redacción

Diputados del GPPRD impulsan un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) -y con el apoyo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, los cuerpos policíacos federales y el Ejercito mexicano- se implemente una estrategia que garantice la seguridad del sector turístico en nuestro país, principalmente en los municipios de Solidaridad y Benito Juárez, pero en general, en toda la entidad de Quintana Roo.

Ivanova Pool y Omar Ortega argumentaron que es urgente que la Segob establezca mecanismos de coordinación entre los cuerpos de seguridad pública y policial de los diferentes órdenes de gobierno, para coadyuvar a la prevención y combate de delitos, a fin de salvaguardar la integridad y derechos de las personas; además, subrayaron la necesidad de que se realicen acciones y operativos -mediante esquemas de inteligencia y tecnología de vanguardia- que brinden confianza y certidumbre a la sociedad que visite zonas turísticas.

“En estos momentos de incertidumbre económica, se debe incentivar el turismo y la inversión; por ello las zonas turísticas requieren prioridad y especial atención, a fin de fortalecer la divisas que generan y que hoy en día representan 8.5% del PIB”, detalla el documento suscrito por los legisladores del Sol Azteca.

Pool y Ortega subrayaron que sin importar distingo partidistas, es prioritario unir esfuerzos para que en todos los municipios de Quintana Roo se generen condiciones de tranquilidad y seguridad para los habitantes y turistas que reciben, con el objetivo de permitir una adecuada procuración de justicia y seguridad.

“El propósito del presente exhorto es que se continúen generando oportunidades de impulso económico y social para estas zonas del país y fundamentalmente asegurar un clima de estabilidad y salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, sus libertades, el orden y la paz pública”, detalló la diputada.

Cabe señalar que la Organización Mundial del Turismo define la seguridad turística como la protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras.

En este sentido, el documento de los perredistas sostiene que la seguridad turística debe ser analizada como parte de un sistema integral en el que la federación debe intervenir con sus propios ejes de trabajo, pues “no podemos soslayar que la pautas principales de valoración en la elección de un destino turístico, es la recreación y esta será interpretada de acuerdo a la percepción de que nos desplazamos en un espacio exento de riesgos reales o potenciales”.