Por: Redacción/

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) demanda a las autoridades hacer efectivas las normas sobre la prohibición del trabajo infantil a fin de evitar más tragedias como la del niño “Alejandro”, de apenas 13 años, quien murió la semana pasada en plena jornada laboral y bajo el sol en el municipio de Meoqui, Chihuahua.

El Partido del Sol Azteca en la Cámara de Diputados hace extensivo su reclamo a los empresarios, empleadores y padres de familia a prevenir y detener la creciente explotación laboral de infantes y adolescentes, al menos tal como lo establece nuestra Constitución en las fracciones II y III del Apartado A del Artículo 123.

Entre otras disposiciones, la primera de estas fracciones prohíbe las labores insalubres o peligrosas para menores de 16 años y la segunda prohíbe la utilización del trabajo de menores de 15 años, lo que evidentemente se incumplió en el caso de “Alejandro”.

De acuerdo con información disponible, el padre del niño lo encontró tendido entre surcos de tierra luego de varias horas de trabajo pesado y, tras intentar reanimarlo, solicitó ayuda a los patrones y estos a los servicios de emergencia, los que nada pudieron hacer para salvarlo.

Más allá de particularidades, para la bancada del PRD es evidente que el niño era explotado laboralmente y lo mismo lo son cada vez más millones oriundos de comunidades en pobreza, quienes en lugar de estar en la escuela o en actividades propias de su edad, deben trabajar, voluntaria u obligadamente, para ayudar al sostén de su familia.

El PRD, que desde su nacimiento pugna por cambiar la criminal política económica neoliberal, exige a la administración federal aplicar la ley en favor de niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, sea por la ineficiencia de este gobierno o sea por la magnitud del problema, también apela a la sensibilidad social de los empleadores para no incurrir en ilegalidades como las mencionadas y a abstenerse de utilizar y explotar a infantes en trabajos peligrosos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta más de dos millones 300 mil menores trabajadores, la mayoría en actividades peligrosas para su edad. De esa cifra, 70% son niños y 30% son niñas.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) calcula en 7.5% la población infantil que trabajaba durante 2015 en el país, mientras el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ubicaba ese porcentaje en 20.

Por su parte, el Módulo de Trabajo Infantil 2017 registró ese año 3.2 millones de niñas niños y adolescentes que trabajaban, de los cuales 62.7 son hombres y el 37.3% son mujeres. Cuatro de cada 10 de ellos lo estaban en ocupaciones no permitidas y sin paga, y sólo la tercera parte obtenía un salario mínimo.

Independientemente de estas cifras, es claro que son millones de infantes y adolecentes quienes ven truncada sus esperanzas y hasta su vida por trabajar.

Así lo pone de manifiesto la Organización Internacional del Trabajo en su convenio 182, según el cual actividades agrícolas –como las que hacía “Alejandro”-, las ganaderas, forestales y de caza, pesca, minería, construcción y comercio son peligrosas para niños, niñas y adolescentes.

Muchas son las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales que desde antaño han hecho a autoridades mexicanas para detener esta explotación y para propiciar el desarrollo integral de los menores de edad, sin que al momento haya mejora alguna.

El mismo GPPRD lo ha hecho en ésta y en pasadas legislaturas sin que haya avance alguno y, por el contrario, lo que hay es un aumento de la explotación infantil.

Por ello, exige a este gobierno no incurrir en más simulaciones y atender esta problemática al tiempo que refrendar su convocatoria al resto de la sociedad a proteger a su infancia, en lugar de victimizarla, como específicamente lo hacen muchos malos patrones.