Por Doris Carmona

Tras el caso de espionaje por oficinas del gobierno mexicano a investigadores y defensores de la salud el diputado perredista, Rafael Hernández Soriano, solicitó al presidente Enrique Peña Nieto que garantice los derechos a la libertad de expresión, privacidad y seguridad de investigadores, activistas y funcionarios públicos defensores del derecho a la salud en México a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación. 

Decenas de organizaciones sociales comunicaron que dejaron el Secretariado Técnico Tripartita (STT), con el que opera en México la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) después de ser vigilados por organismos del gobierno.

Hernández Soriano dijo que su pedimento se basa en el hecho de que “hay indicios de que el gobierno mexicano estuvo espiando” a tres promotores del impuesto a las bebidas azucaradas, que pretenden aumentarlo en un 100 por ciento.

Los promotores víctimas de espionaje son “Simón Barquera Fernández, director de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición, del Instituto Nacional de Salud Pública Mexicano; Luis Manuel Encarnación Cruz, ex director de la Fundación Mídete, y Alejandro Calvillo Unna, de El Poder del Consumidor”.

Agregó que al saberse de algunos de los intereses de incrementar el gravamen  a refresqueras los promotores se vieron afectados. “Lo que estamos planteando en el exhorto es que al tratarse de tres activistas defensores que promueven el derecho a la información, para que la población consumidora tenga conocimiento sobre los efectos de las bebidas azucaradas en la salud, se investigue el espionaje” dijo el diputado perredista.