Por: Redacción

A través de un comunicado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), manifestó la necesidad de que las medidas que se adopten para prevenir y erradicar la violencia en los centros escolares,  sean producto del derecho de participación de niñas, niños y adolescentes; estén previamente determinadas y consensuadas con madres, padres y tutores; de ninguna manera deberán atentar contra su dignidad, su vida o su integridad física o mental, ni convertirse en instrumentos permanentes que obstaculicen el ejercicio pleno de sus derechos, o incentiven la discriminación o su estigmatización.

“La violencia en cualquiera de sus expresiones es multifactorial, de tal manera que toda acción que se implemente para su prevención o erradicación deberá ser integral, teniendo en consideración la titularidad de derechos de niñas, niños y adolescentes y como sujetos de protección especial, lo que implica que cada medida deberá tener en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentran, su contexto sociocultural, sus necesidades específicas, entre otros factores”, señaló la CNDH.

Asimismo, indicó que “es responsabilidad de todas y todos garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y la adolescencia; la contribución de las autoridades y comunidad escolar, las familias, la sociedad, las organizaciones de sociedad civil debe ser permanente. Asumir cada uno en sus ámbitos de actuación las responsabilidades que prevén las leyes de niñas, niños y adolescentes.

“El cumplimiento responsable de esas obligaciones implica ejercicios de reconstrucción de los modelos de crianza; de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de la interacción con la comunidad, a través de redes de apoyo que contribuyan a una crianza positiva, sobre todo en la época actual, en donde los roles de mujeres y hombres han evolucionado y en la que el cuidado y educación de los hijos es una labor compartida, que se ha extendido incluso a la colaboración de las abuelas y abuelos, así como a los demás integrantes de las familias”.

“Los retos actuales son mayúsculos, el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación hace necesaria la interacción constante entre los integrantes de las familias, para asegurar la protección efectiva de los menores de edad, así como la detección de indicadores que pudieran evidenciar que la niña, niño o adolescente está viviendo una situación de riesgo.

“La labor del docente y de las autoridades escolares es determinante en las construcción de la personalidad de los niños y niñas de nuestro país, ellos y ellas deben ser guías, moderadores, formadores de personas sensibles, más humanas, más solidarias y ante las situaciones adversas que se viven en un mundo globalizado, deben ser sujetos activos de cambio en sus comunidades.

“El Estado, autoridades, las familias, y la sociedad en general, estamos obligados a garantizar el desarrollo integral de la niñez y adolescencia (en los ámbitos físico, mental, emocional, moral, espiritual), de tal manera que cuando se tome una decisión que les afecta en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones de las medidas que se adopten para garantizar que se protejan sus derechos y evitar que cualquier medida de seguridad vulnere sus derechos.

“El Estado está obligado a brindar a los jóvenes espacios de recreación y desarrollo, la respuesta no es como sugieren en algunas voces “la militarización de la educación”, sino atender de manera integral a la niñez y juventud; implementar acciones efectivas para revertir el clima de inseguridad y violencia que se vive en varias regiones del país y trabajar para generar una cultura de respeto a los derechos humanos, que rechace todo tipo de violencia, su apología, esquemas de discriminación, exclusión y estereotipos, muchas veces, exaltados por los medios de comunicación”, concluyó la CNDH.