Por: Meztli Islas

La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) dijo estar preocupada por los delitos en materia de trata de personas cometidos por el ciudadano canadiense Walter Suk en contra de por lo menos tres niñas en Acapulco, Guerrero.

La CATWLAC reprobó los hechos que tuvieron lugar hace unos días y denunció que la cantidad de irregularidades que ya presenta la denuncia y el desarrollo de la investigación son igualmente reprobables, aun si la autoridad competente para investigar y sancionar estos delitos fuera el Ministerio Público (MP) local o federal.

Consideraron que hasta el momento existe una mala actuación por parte del MP, ya que éste omitió lo que señala la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; la Ley General de Víctimas y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Exigió que el MP explique cómo está garantizando el interés superior de la niñez en el curso de su actuación, o por qué invade competencias cuando se trata de un asunto que debe ser considerado a nivel federal desde ya que existe un delito iniciado en el extranjero con efectos en territorio nacional, como es el caso del turismo sexual infantil.

La organización informó que vigila de manera permanente el desempeño del juez, con el fin de que se garantice no sólo el interés superior de la niñez, sino también el principio pro-persona.

CATWLAC, exigió que el delito que se le imputa al acusado sea reclasificado, pues se trata de un caso de trata con fines de explotación sexual -ya que existió el pago en especie (despensas y otros artículos entregados por el imputado y recibidos por los padres de las menores) para tener acceso a las niñas-, así como de turismo sexual infantil, ambos contemplados en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos.

Señalaron que los delitos deben ser agravados tanto para los supuestos padres como para el perpetrador. Además, dijeron que es importante la acreditación absoluta de quienes se ostentan como padres. De no hacerlo, las niñas se encontrarían en grave riesgo.

Denunciaron también las amenazas contra la persona que denunció los hechos y solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el cese de dichas amenazas.

También exigieron a las autoridades del estado de Guerrero políticas públicas efectivas para la prevención del turismo sexual infantil, ya que Acapulco se ha convertido en la ciudad con más alta incidencia de este delito en el país, ya que por lo menos 2 mil niñas, niños y adolescentes son explotados sexualmente para cubrir la demanda de turistas tanto nacionales como extranjeros.