• Segalmex no opera con políticas formalizadas en los manuales de operación relativas a los trabajos de acopio, distribución, almacenamiento y comercialización: Rocha Medina.

Por: Redacción/

La diputada Sara Rocha Medina (PRI), por medio de un punto de acuerdo, exhortó a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) a atender con prontitud, transparencia y de manera integral las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dadas a conocer en el Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, donde se identificaron irregularidades.

En un comunicado, destacó que, dentro de las anomalías observadas por la ASF, se señaló que no se cuenta con documentación suficiente que compruebe el uso o destino de más de 3 mil 27 millones de pesos, dato que representa el 37% de lo que se le asignó el pasado ejercicio fiscal. La entrega de apoyos sin el cumplimiento de las reglas de operación permite su uso para fines distintos para los que fueron aprobados, dijo.

También se identificó que se carece de un padrón confiable y actualizado de los productores de arroz y trigo que especifiquen, entre otros aspectos, los volúmenes adquiridos, los precios de compra y venta, y peor aún, se han dado duplicidades de beneficiarios del programa Producción para el Bienestar.

“Segalmex no opera con políticas formalizadas en los manuales de operación relativas a los trabajos de acopio, distribución, almacenamiento y comercialización, con lo que se exhiben las serias deficiencias que presenta en el diagnóstico del problema público y en el diseño normativo institucional y hasta programático, lo que dificulta que se cumplan las metas que dieron origen a su creación”.

Rocha Medina destacó que la problemática antes señalada acentúa los perjuicios provocados por la crisis sanitaria del Covid-19, dejando en total indefensión a los productores nacionales, en estos momentos de incertidumbre, donde se requiere mayor apoyo para el campo.

“Ante la carencia de resultados, es necesario que se emprenda una serie de acciones para subsanar las observaciones establecidas en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación, con objeto de prevenir los hechos descritos que vulneran el ejercicio de derechos humanos, en particular de los menos favorecidos” finalizó.