Por: Redacción

“Resulta urgente emprender todas las medidas pertinentes para la contención y erradicación, de la violación hacia los derechos humanos de los periodistas y la impunidad que pulula tras los asesinatos de comunicadores en todo el país, porque no hay responsables y no se cumple con la justicia”, así lo manifestó la diputada Cristina García Bravo.

La legisladora del Sol Azteca, exhortó, a través de un punto de acuerdo, al secretario de Gobernación a atender las violaciones de los derechos humanos de este importante gremio, asimismo, también exhortó al titular de la Procuraduría General de la República a y a los fiscales de las entidades federativas, para investigar y resolver todas las carpetas pendientes.

“Las autoridades de los tres niveles de gobierno deben atender las recomendaciones tanto las medidas de prevención en materia de respeto a los derechos humanos de los periodistas –como lo ha propuesto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)-, al tiempo de combatir la impunidad resolviendo caso por caso”, aseveró la diputada federal.

“En lo que va del año, suman ya siete los periodistas que han perdido la vida a manos de criminales y 36 en lo que va de este sexenio, lo que resulta en perjuicio de la libertad de expresión y la sociedad, dejando al descubierto también las deficiencias del sistema de justicia y penal mexicano, así como una impune amenaza para la democracia del país”, indicó la legisladora.

García Bravo aludió: “atender estas violaciones resulta de alta prioridad para el sistema de justicia y de prevención del Estado mexicano y sus instituciones en la materia, dado el agravamiento de la situación actual en el país”.

Cabe señalar que, el Comité para la protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) concluyó en su último informe que nuestro país es uno de los más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo y lo atribuye a la falta de voluntad política para acabar con la impunidad de grupos criminales, funcionarios corruptos y carteles de la droga quienes silencian a sus críticos.

Además, el CPJ ha documentado que desde el año 2010, existen más de 50 casos de periodistas y trabajadores de medios que han sido asesinados o desaparecidos, haciendo énfasis que la justicia e impunidad en todos los casos, continúan ausentes.

Ante esta disyuntiva y después del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas el pasado 15 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades locales y federales a atender con celeridad y debida diligencia los casos de amenazas a periodistas, garantizar su seguridad y la de sus familias así como no permitir que la impunidad persista.

García Bravo señaló que los esfuerzos por parte del gobierno federal han sido mínimos a este respecto. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), adscrita a la PGR, del año 2000 a la fecha, ha tenido conocimiento de 114 homicidios de periodistas; de ellos, ha atraído 48 casos de los cuales se han logrado tres sentencias.

En este sentido, la CNDH también expresó su preocupación después del asesinato del periodista referido al apuntar que “es necesario tomar las medidas necesarias para frenar los ataques que silencien al periodismo de nuestro país violentando el derecho de la sociedad a estar informada”.

Recordó que organismos internacionales a través de sus relatores como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), condenaron el asesinato y llamaron a la acción inmediata para poner fin a la violencia contra periodistas.

En el año 2012, se creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado por la Ley del mismo nombre, sin embargo, no ha resultado eficaz y genera mayor desconfianza entre el gremio ante la poca importancia y resultados mostrados.

Este Mecanismo promueve accione como: “escolta”, “seguridad a inmuebles y bienes físicos”, “dotación de aparatos de telecomunicación”, “botón de pánico”, “patrullajes”, “gestiones”, “reparto de manuales de autoprotección”, “apoyo para denunciar”; así como cámaras de vigilancia, alarmas, sensores, cerraduras de alta seguridad, micas para cristales, luminarias y cercas eléctricas. La realidad muestra:

· En situación catalogada como “medidas ordinarias”, a la fecha 17 periodistas tienen escolta, 66 cuentan con botón de pánico (artefacto para comunicarse directamente con instancias de seguridad), 40 tienen patrullaje en sus domicilios;

· En condición de “reacciones extraordinarias”, 31 periodistas cuentan con escolta y 244 con botón de pánico.

· En total el Mecanismo atiende 538 peticiones, 196 de las cuales son periodistas y 342 defensores de derechos humanos, que en el mayor de los casos radican en la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua y Chiapas. De los 196, 35 son de la Ciudad de México, 31 de Veracruz, 15 de Guerrero, 11 de Tamaulipas y nueve de Coahuila.

Ante esta realidad nacional, la diputada federal no omitió señalar que han sido al menos 30 países los que han mostrado su inconformidad ante las acciones mostradas ya sea a través de contratar personal calificado, mejorar las medidas de protección, revisar la distribución de competencias, apoyar a las entidades federativas  a formar sus propios mecanismos, que los crímenes no queden impunes, crear fiscalías especiales, así como la intervención de organismos internacionales para investigar los asesinatos de periodistas.