• “Independientemente de los resultados del 6 de junio, el Congreso tendrá que ir a una reforma político-electoral”, plantea el líder morenista.

Por: Redacción/

La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de respaldar la cancelación de las candidaturas de Morena para las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, es desmedida, excesiva, arbitraria e injusta, manifestó el senador Ricardo Monreal Ávila.

El senador participó en el panel “Las garantías judiciales de los tribunales electorales estatales”, organizado por la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahí explicó, como un planteamiento a la academia, que con esta sentencia el Tribunal sepultó el criterio garantista que había utilizado en casos similares, donde a las personas impugnadas les fue restituida su candidatura para participar en comicios y asegurar que la gente decidiera.

Habían asumido el criterio garantista de no permitir la supresión del registro de quienes estaban en condiciones similares y les fue restituida la candidatura para participar en elecciones; sin embargo, la mayoría del TEPJF sepultó ese razonamiento, lamentó.

El coordinador parlamentario de Morena calificó esta determinación como preocupante, pues el Tribunal había señalado en otras resoluciones que no es lo mismo omitir la presentación del informe de gastos a presentarlo de manera extemporánea, como sucedió en el caso de Michoacán.

Ricardo Monreal cuestionó que los magistrados no hayan ponderado el monto involucrado antes de fijar la sanción, lo que ha generado una sentencia desmedida, arbitraria y excesiva, ya que un caso paralelo fue resuelto de manera distinta.

“Me parece un exceso que por 14 mil y 16 mil pesos, no expresados como gastos de precampaña, sea suficiente para cancelar la candidatura de una persona”. Es evidentemente una sanción desorbitada, pues los magistrados no consideraron algún parámetro objetivo que permitiera establecer una gradualidad de la sanción.

En todo caso, abundó, si el partido fue el que no notificó a la autoridad local “es dable que la sanción sea aplicada al partido y no al aspirante, pues es el instituto político el que omite presentar esos gastos”.

En otro tema, el líder de la mayoría legislativa en el Senado asentó que, independientemente de los resultados del 6 de junio, el Congreso de la Unión “tendrá que ir a una reforma político-electoral”, para profundizar la democracia en México.

Destacó que uno de los aspectos que preocupan es el elevado presupuesto para organizar las elecciones, pues los recursos de la autoridad electoral y de los partidos políticos para estos comicios ascienden a más de 40 mil millones de pesos, cantidad superior a la que corresponde a la campaña de vacunación contra el Covid-19.

“Es un gasto impresionante”. Por eso, consideró, será prácticamente imposible evitar una reforma, una vez que concluya este proceso, para dar paso no sólo a la racionalidad del presupuesto y al rediseño de los órganos electorales, sino a mecanismos como la urna electrónica o digital.

Monreal Ávila agregó que la falta de credibilidad de las instituciones por los fraudes que se presentaron en la época contemporánea de nuestro país ha sido motivo para crear “un exceso de órganos de vigilancia y control de las elecciones”.

Instituciones como el INE y los tribunales electorales, afirmó, tendrán que revisarse; “por lo que podemos advertir que hay que buscar consensos” para generar mayor transparencia, equidad y certeza en las contiendas.

Sobre el tema de la sobrerrepresentación en el Congreso, Monreal Ávila expresó que el Instituto Nacional Electoral, ya con el proceso en curso, introdujo normas y leyes que establecen criterios de afiliación o militancia efectiva para llevar a cabo esta asignación; es decir, modificó y creó normas de carácter general en pleno proceso electoral.

Aclaró que el Instituto es el encargado de hacer cumplir la ley o aplicar la norma a casos concretos, pero no puede crear leyes de carácter general. Explicó que hay una prohibición para que no puedan hacerse normas o leyes antes, ni durante el proceso electoral.

Lo anterior, dijo, lleva a reflexionar sobre si debería haber una reserva legal, para fijar los parámetros, a fin de otorgar los lugares de representación proporcional de tal manera que se impida definitivamente que el órgano electoral legisle este tipo de temas y, sobre todo, que no se lleven a cabo cuando ya inició el proceso electoral, por seguridad jurídica de toda la ciudadanía.

“Por eso me pregunto si el INE debe de seguir actuando de esa manera, o si el Tribunal Electoral, también está avalando esta intromisión grave en el Poder Legislativo. Nunca había ocurrido tal exceso”, expresó.