Por: Redacción

Los ex embajadores Olga Pellicer, Luis Ernesto Derbez y Jorge Castañeda Gutmal, urgieron al Estado a fijar una directriz en la defensa de México ante los embates del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en particular en cuando a la defensa de los migrantes en Estados Unidos, antes de su deportación.

Durante el foro “México frente a Trump, a 100 días de su elección, convocado y encabezado por el presidente del Instituto Belisario Domínguez (IBD), senador Miguel Barbosa Huerta, la ex embajadora Olga Pellicer subrayó la incertidumbre que ha provocado que no haya una clara directriz en la defensa ante las acciones de Trump, porque no existe coordinación entre el gobierno, organizaciones sociales y líderes políticos de oposición.

Consideró que la situación puede empeorar al iniciar las campañas electorales de 2017 y rumbo al 2018, “vamos a tener a los posibles candidatos adoptando una posición que no va a ser única; eso nos hace particularmente vulnerables, porque la voz de México está muy partidizada y esto hace más difícil saber quién va a tener la voz más útil y acertada en un tema tan difícil, como es definir la forma en que se va a llevar la relación con el país más importante para México”.

Luis Ernesto Derbez coincidió en que los intereses electorales “hacen que se nuble la visión de un planteamiento estratégico” certero; lo que se necesita es mostrar una auténtica voluntad para la atender el interés real de los dreamers, “ninguno de quiere retornar a México”, ante lo cual se requiere de presupuesto, “cinco o 10 mil millones de pesos, porque necesitamos contratar abogados norteamericanos para defender a los migrantes allá en Estados Unidos”, antes de que sean trasladados al país.

En cuanto a la relación con el gobierno de Trump, consideró que el gobierno mexicano debe respaldarse en el derecho internacional para “dejar muy en claro la defensa de nuestros intereses como nación”, por lo que el TLCAN sólo debe negociarse si presenta mejores ventajas para México.

Jorge Castañeda Gutman refrendó que se deben destinar mayores recursos a los consulados para la contratación de abogados estadounidenses, pues en las decisiones de Trump con miras a deportaciones masivas, existen visos de trasgresión a la Constitución de EU, como es la violación al debido proceso, y es fundamental plantearlo ante los tribunales norteamericanos y esto sólo pueden hacerlo, de forma eficaz, los especialistas de ese país.

Pidió al Senado a colaborar para fortalecer las acciones de los consulados, en especial para que tengan facultades de ponerse al servicio de asociaciones de abogados de Estados Unidos, y al momento de detectar un posible deportado, se inicie de inmediato su defensa, lo cual sólo es posible realizar antes de que cruce la frontera hacia México.