Por: Redacción/

Con corte al 12 de octubre del año en curso, el Congreso de la Unión tiene pendiente la expedición de nueve leyes reglamentarias de reformas constitucionales en las materias de: derechos humanos, catastros municipales, reforma política de la CDMX, registros civiles, justicia cívica e itinerante, código único en materia procesal civil y familiar y prisión preventiva oficiosa, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).

El documento titulado “Omisiones legislativas del Congreso de la Unión: deudas normativas vigentes”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, detalla que la inactividad legislativa a nivel federal acumula plazos vencidos que van desde los dos meses hasta los siete años.

El investigador apunta que, ante la falta de medios de impugnación y sanción específicos para la inactividad legislativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha venido afinando diversos criterios jurisprudenciales en la materia, como cuando en el año 2018 ordenó al Congreso de la Unión que expidiera la Ley General de Comunicación Social, al resolver un juicio de amparo indirecto promovido por la asociación Artículo 19.

En este último caso, el estudio recuerda que el entonces ministro José Ramón Cossío Díaz llegó a advertir que, si el congreso no atendía el mandato de la Corte, ésta procedería a separar de sus cargos a los 628 legisladores, inhabilitarlos y someterlos a proceso penal, por la comisión de un delito en contra de la administración de la justicia.

La investigación agrega que, de las sentencias del máximo tribunal del país se pueden identificar otras omisiones, como la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de marihuana -declarada inconstitucional a inicios de 2019-, la tipificación de los discursos de odio y la expedición de una ley que garantice el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas.

En términos de omisiones relativas (leyes deficientes), el Poder Legislativo también ha sido omiso al no aprobar una reforma fiscal que incremente la recaudación para que el Estado pueda cumplir a cabalidad con sus funciones, entre otras decisiones postergadas por el alto costo político que representan, refiere el documento del IBD.

El investigador apunta que cuando el congreso incumple con su deber de legislar se desdice a sí mismo, reniega en los hechos la importancia de su función ordenadora de la vida social y, más grave aún, vulnera derechos de las personas, como así lo ha considerado la Corte en sus distintas resoluciones en torno a los silencios legislativos.

Por estas razones, enmendar las omisiones legislativas debería de ser una demanda de la sociedad y una de las prioridades del Congreso de la Unión, concluye el estudio.