Por: Redacción 

La Comisión de Cambio Climático, presidida por la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (PAN), aprobó por unanimidad reformas jurídicas para establecer la prevención como estrategia de la protección civil, con el fin de reducir los riesgos y efectos provocados por una catástrofe natural, disminuyendo las pérdidas económicas.

De esta manera, la modificación al artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático, fracción II, propuesta por la diputada de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Gómez, tiene como propósito que las ciudades o poblados, tanto urbanos como rurales, se planeen, desarrollen, mejoren y conserven “bajo criterios de resiliencia” (capacidad para superar situaciones adversas), y que las instituciones incluyan este enfoque en sus políticas públicas.

Flores Gómez argumentó que con esta perspectiva “se combate la pobreza, se frena la violencia en contra de las mujeres y se fomenta el desarrollo económico e industrial, así como la inversión extranjera”, porque los ciudadanos tendrán mejores condiciones para reaccionar ante los efectos de un fenómeno meteorológico.

Destacó que en México no existe ningún criterio ni política pública de protección civil que se implemente de forma previa a un desastre natural, ni que diseñe ciudades para prevenir y reducir los riesgos de un meteoro.

Reconoció que ante los efectos de un siniestro natural, principalmente hidrológico -lluvias, huracanes, tormentas tropicales o sequías- cada vez más se lograr preservar la vida humana; sin embargo, agregó, no se han disminuido las pérdidas económicas, que al año le cuestan al país 870 millones de dólares, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). “Cuesta menos prevenir que resolver”, garantizó.

Al respecto, la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre destacó la importancia de solicitar, en la opinión que emitirá la instancia legislativa respecto del Presupuesto 2017, que se fortalezcan más los recursos destinados a los fondos de prevención de riesgos de desastres que a las acciones para remediar los efectos de las catástrofes.

Del PRI, el diputado Tomás Montoya Díaz propuso la inclusión de un artículo transitorio en el dictamen, para establecer que la prevención y reducción de riesgos ante desastres naturales se atiendan “de acuerdo a las posibilidades presupuestales de la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos y se tenga un margen de acción para que la norma jurídica sea eficiente”. La proposición fue aprobada.

De acuerdo a la ley, la resiliencia es la capacidad de un sistema o sociedad potencialmente expuesta a un peligro, para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse más rápido y en el corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos.

La diputada Flores Gómez explicó que el protocolo de protección civil se activa sólo hasta después que una tragedia se registra o está a punto de suceder, como temblores, tormentas, sequías, desbordamiento de ríos e inundaciones, ocasionando daños en los asentamientos humanos.

En este contexto, afirmó, la resiliencia cobra especial relevancia, porque promueve nuevas formas de construcción y reacción ante un siniestro, y en esa medida la capacidad de recuperación será más rápida. “No se puede evitar un desastre natural, pero sí reducir los riesgos de sus efectos, tanto para los habitantes como para las ciudades, las cuales deben reconstruirse con un diseño resiliente”.

Propuso “frenar la forma arbitraria y la falta de visión que prevalece en términos económicos respecto al crecimiento de los poblados que abren más la brecha de pobreza, porque los siniestros afectan más a los grupos vulnerables”.

Por el PVEM, el legislador Javier Herrera Borunda sostuvo que la mejor política que puede tener un gobierno es la prevención de desastres. “Es mucho más barato prevenir que lamentar”, subrayó.

“Se han gastado en reparar daños, después de un meteoro, más de 30 mil millones de pesos en los últimos cinco años, y menos del 5 por ciento en prevenir los riesgos”, precisó.

Dijo también que son preocupantes los 80 mil nuevos asentamientos humanos irregulares que se establecen en el país, porque aumentan el peligro de sufrir efectos por las catástrofes, acrecentados por la pobreza y la desigualdad y falta de planeación. “Provocan que el 15 por ciento del territorio y el 68 por ciento de la población se afecte por el cambio climático, y el 71 por ciento de la economía está expuesta a condiciones adversas”.

A nombre del PAN, el diputado Cesar Augusto Rendón García aseveró que la prevención de desastres es esencial para garantizar la seguridad de la población. Resaltó que reconstruir poblados e infraestructura es más caro en el corto y largo plazo, por lo que propuso planear con una visión de largo plazo en materia de protección civil.

La panista Elva Lidia Valles Olvera resaltó la necesidad de que las instituciones públicas planeen con criterios de prevención, apegándose a las directrices jurídicas ecológicas vigentes, a fin de impulsar un desarrollo sustentable y mitigar los efectos del cambio climático. Todo, enfatizó, “en el marco de un reordenamiento ecológico que aliente una cultura de prevención de riesgos”

Las diputadas de Morena, Patricia Aceves Pastrana y María Chávez García, afirmaron que prevenir los riesgos de una catástrofe es una cuestión de sobrevivencia que debe priorizarse en el presupuesto. Dentro de las acciones de protección civil debe considerarse la prevención ante los efectos del cambio climático.

Por otra parte, los integrantes de la comisión aprobaron por unanimidad el Programa de Trabajo para el segundo año legislativo, y el Informe del segundo semestre del primer año de actividades parlamentarias.