Por. Redacción/

Este sexenio ha sido el más alto en el número de desapariciones para la niñez y adolescencia mexicana: cerca del 70% fueron vistos por última vez durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 hasta la fecha). El 29% restante que ha sido reportado, desapareció durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. El periodo en el que han desaparecido el 98.2% de niñas, niños y adolescentes, coincide con el cambio en la política de seguridad del Estado mexicano de los últimos años.

Actualmente se encuentran registradas oficialmente 34,739[1] mil personas desaparecidas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)[2], sin embargo la información oficial sobre el número de personas desaparecidas en México está dispersa, descoordinada, no del todo accesible y poco transparente.
De 2006 y hasta el 31 de marzo de 2017, oficialmente se reportaban 3,217 niñas y 2,235 niños de entre 0 y 17 años como desaparecidos, cifra que representa el 18% del total de los casos de desaparición en México registrados, hasta enero de 2018 únicamente están reportados 16 niños, niñas o adolescentes extranjeros en el RNPED.

Muchas niñas, niños y adolescentes son detenidos en el contexto de la migración hacia o dentro de México. Esta situación les vuelve más vulnerable frente a crímenes como la desaparición forzada, y a su captación por parte de la delincuencia organizada.
Ante la abrumadora realidad de la niñez y adolescencia desaparecida en México, en 2017 las organizaciones firmantes presentamos una denuncia general ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (GTDFI), la cual fue retomada por el mismo Grupo de Trabajo en su informe anual de febrero de 2018 ,destacando que en el Estado mexicano existen obstáculos para que los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de desaparición puedan gozar de sus derechos, con particular énfasis en la situación enfrentada por niños, niñas y adolescentes en el contexto de la migración.

Organismos internacionales han recomendado al Estado mexicano tomar medidas para: i) prevenir la desaparición de niños, niñas y adolescentes y dejar de criminalizar a los menores de edad migrantes; ii) Crear instituciones, o adaptar las ya existentes, para la búsqueda eficaz de las y los niños desaparecidos; todas las búsquedas deben llevarse a cabo de manera prudente y adaptada a la sensibilidad de los mismos, de igual forma lograr la iii) investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables y la garantía de la iv) reparación y medidas de asistencia social.

Actualmente México carece políticas públicas eficaces para asistir a niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición. Existen deficiencias en la aplicación de los programas de búsqueda como Alerta Amber y Protocolo Alba que rara vez se aplican y el procedimiento para activarlos es demasiado complicado y/o burocrático.
Hasta ahora no existe una política de abordaje psicosocial para las familias víctimas de una desaparición, mucho menos un enfoque específico de trabajo con niñas, niños y adolescentes, a pesar de que así lo establece la Ley General de Víctimas. Las niñas en particular se ven gravemente afectadas por las desapariciones y representan aproximadamente dos tercios del número total de niños desaparecidos.

Al día de hoy no existe claridad sobre la cifra total de personas desaparecidas en los últimos años en el país, incluyendo niñas, niños y adolescentes y dentro de esta cifra, el número de migrantes afectados. Nos parece grave la invisibilidad de esta población desaparecida.

Por lo anterior las organizaciones hemos formulado recomendaciones concretas para atender los casos de desaparición: respetar el interés superior del niño y la niña, adoptando un enfoque de género y de pertenencia cultural, para fortalecer los mecanismos existentes en materia de alerta temprana y búsqueda urgente con la adopción de medidas especiales que tomen en cuenta la dimensión transnacional del fenómeno de la desaparición. El papel de la CEAV es fundamental para la atención de niños, niñas y adolescentes, hijos e hijas de personas desaparecidas.

La efectiva implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, deberá garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda y se debe fortalecer y garantizar el papel fundamental de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.