Por: Redacción/

La crisis de seguridad en México alcanza el ámbito de los derechos humanos, con un saldo de desaparecidos y desplazados que configura una situación fuera de control, ya que a la violencia de los cárteles hay que añadir la proveniente de las propias instituciones del Estado, aseveró Luis González Placencia en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el Coloquio La política criminal hacia el nuevo sexenio el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala planteó que una estrategia del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador para afrontar este escenario sería bajar el nivel de interés en la guerra contra las drogas, visualizándola desde la perspectiva de “meter la mano al mercado” de los estupefacientes, como están haciendo Perú y Uruguay, al estatizar la actividad con el fin de controlar quién produce, vende y consume.

El doctor Gerardo González Ascencio, investigador del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco, sostuvo que tal estatización sucedió en México durante algunos meses de 1940, debido al Reglamento Federal de Toxicomanía que estableció, por breve lapso, la regulación bajo el estricto control del Estado, lo que significaba no tratar al adicto como criminal y considerarlo un enfermo, es decir, dejó de ser un problema de seguridad nacional para convertirse en un asunto de salud pública.

Todo ello gracias a las aportaciones del doctor Leopoldo Salazar Viniegra, médico, psiquiatra, neurólogo y pionero de la regulación de las toxicomanías a nivel mundial, y el primer inspirador del cambio de paradigma prohibicionista en los años 20 del siglo pasado.

Desde sus tempranos estudios con los consumidores del cannabis, el doctor Salazar Viniegra se dedicó a desmontar uno a uno los mitos sobre su ingesta, contradiciendo la visión que Estados Unidos sostenía acerca de los adictos a esta droga como delincuentes y asesinos, relató.

 

El Reglamento Federal de Toxicomanía más que legalizar las sustancias fue un intento por garantizar la atención médica a los toxicómanos y sirvió para que las autoridades sanitarias y los médicos autorizados se encargaran de la prescripción y la distribución, y con ello restar poder a los traficantes.

El 9 de marzo de 1940 se inauguró el primer dispensario para los consumidores de cannabis en la colonia Juárez del Distrito Federal, que dependía de la Oficina de Toxicomanías e Higiene Mental del Departamento de Salud Pública; en los primeros días recibía alrededor de 200 individuos al día, pero en menos de dos semanas el promedio ascendió a 500.

Lamentablemente no se pudo conocer el éxito o impacto que esta regulación pudo haber tenido, ya que a los pocos meses de haberse implementado fue suspendido por la presión del gobierno estadounidense, que amenazó con un embargo a México de todo tipo de medicamentos.

González Placencia explicó que la plataforma del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) refleja un cambio de estrategia que pone el énfasis en los elementos de naturaleza social que producen el delito y hay una propuesta para cambiar la perspectiva analizando el problema de la desigualdad y otorgando un mayor presupuesto a los programas sociales.

Efectivamente habrá un cambio de régimen, porque la visión que tiene el presidente sobre el país y su idea de la cuarta transformación parece plausible; su planteamiento parece ser no el darle la espalda al mercado, porque eso sería un suicidio, pero sí eliminar los privilegios y promover cambios en las prácticas empresariales mediante un mecanismo de reposicionamiento del Estado para la recuperación del control, y no como antes, donde era “el mercado el que imponía las reglas”.