Redacción

El Presidente de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (CODICS), Javier López Macías, afirmó que prácticamente está desmantelada la estructura de justicia agraria, los expedientes de asuntos agrarios están parados y como consecuencia de los recortes presupuestales queda estancada la justicia para los ejidatarios.

Ante esta situación, dijo el dirigente de UNIMOSS, en la reunión con el Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, se le expuso que en el medio rural no se garantiza la justicia agraria para otorgar certeza jurídica a las 27 millones de familias campesinas pues prevalece el rezago agrario y existen expedientes pendientes sobre la regularización de la tenencia de la tierra.

Se le demando al Subsecretario de Gobierno de la Segob, la designación de las 16 magistraturas agrarias vacantes y al Senado de la República la ratificación de siete nombramientos en el Tribunal Superior Agrario, con lo cual esta instancia ha quedado imposibilitado para llevar la justicia al agro nacional.

Además, los Tribunales Agrarios quedaron rebasados por las nuevas tecnologías, ya que la incorporación de programas de informática se encuentra en “la primera fase” en los ámbitos jurisdiccional y administrativo, por la falta de recursos financieros que alienten el uso de nuevas tecnologías.

En entrevista, Javier López Macías, reseño la actual situación de la justicia en el campo, por lo cual demandó al Presidente Enrique Peña Nieto proponer a los 16 Magistrados Agrarios para que ocupen las vacantes y al Senado de la República ratificar a los siete nombramientos pendientes.

Comentó que en 2015 se atendieron en total 95 mil 9 expedientes, concluyendo 52 mil 37 y quedaron 43 mil 143 en trámite.

A juicio del dirigente de UNIMOSS el reto del campo mexicano es garantizar que la justicia agraria otorgue certeza jurídica a los hombres y mujeres del campo a fin de alcanzar la regularización de la tenencia de la tierra.

En su opinión, el tema agrario ha dejado de ser una prioridad para el gobierno federal porque finalmente la falta de estos nombramientos lo que perjudica es al país la certidumbre jurídica que se requiere para el desarrollo de inversiones.

“Las inversiones hoy están colgadas de alfileres, si hoy tenemos una nueva reforma energética que pretende explotar el gas se pretende explotar hidrocarburos y no se le da certeza jurídica al actual propietario menos al inversionista”, dijo.

Me parece que es de urgente resolución el tema de los nombramientos de los 16 magistrados pues quiere decir que la mitad de los estados del país no tienen Tribunal Agrario, de las 7 vacantes que ya están en el Senado de la República y que no se han votado, además los dos magistrados del Tribunal Superior Agrario, es decir prácticamente está desmantelada la estructura de justicia agraria.

Para este año los recursos que se tiene destinados para la liquidación de estos conflictos agrarios se presupuestó una mínima parte pues le aplicaron recortes presupuestales con esto prácticamente queda estancada la justicia en términos de la tierra, en términos de los sujetos agrarios y si queremos realmente atraer inversión y que los campesinos sean parte del desarrollo a partir de esta nueva explotación de hidrocarburos y de gas no se logrará, advirtió.

También la modernización de los sistemas en el Tribunal Superior Agrario, en el Registro Agrario Nacional y obviamente en el tema de propiciar justicia sea una de las prioridades en el movimiento en el campo y es lo que estamos exigiendo a la autoridad una respuesta.