Por: Redacción/

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), señaló que el Estado mexicano no garantizó que en 2018 se entregaran los donativos a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017.

“(El Estado) careció de un mecanismo ágil, transparente y efectivo para su recepción, administración, control, distribución y supervisión, en cumplimiento de la Ley General de Protección Civil”, apuntó en el primer informe parcial sobre la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, entregado a la Cámara de Diputados.

La ASF señaló que la pasada administración federal, en lugar de apegarse a lo establecido en dicha legislación, para la entrega de los donativos, creó el Fideicomiso Fuerza México, sin que se justificara esa decisión.

“Los integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil (integrado por las secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público y la Coordinación de Protección Civil) no establecieron las bases y lineamientos para la emisión de convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los recursos”, externó en el documento, tal como lo mandata el artículo 68 de la Ley General de Protección Civil”.

“En su lugar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en ese entonces a cargo de José Antonio González Anaya) emitió el comunicado 185 para facilitar la operación del Fideicomiso Fuerza México, para canalizar las aportaciones de los sismos, “sin que se justificara, fundamentara o motivara esa decisión”.

Respecto a los donativos internacionales, la ASF indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en ese tiempo a cargo de Luis Videgaray Caso, no llevó a cabo un registro de los mismos, aun cuando la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo marca que se debe realizar.

Dicha legislación dispone que en el Registro Nacional de la Cooperación para el Desarrollo (Rencid) deben quedar inscritos los montos, modalidades y ejercicio de los recursos financieros, donaciones y las aportaciones en especie provenientes de gobiernos extranjeros y organismos internacionales.

En un recuento de las notas diplomáticas, la ASF identificó que se donaron 3 millones 234 mil 169.5 millones de dólares americanos, 600 mil dólares canadienses, 48 mil 494 euros y 20.16 millones de pesos; pero estos datos no aparecieron en el Rencid.

La ASF también detectó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuya titular era Rosario Robles Berlanga, “careció de un padrón confiable sobre las viviendas afectadas”, dado que en sus bases de datos tenían cifras distintas; en una se contabilizaron 170 mil 199 viviendas y en otra 170 mil 871.

Además, la Sedatu desconoció si la totalidad de los beneficiarios reconstruyeron o rehabilitaron sus viviendas, ya que “la dependencia sólo reportó la supervisión de 59 mil 380 viviendas”.