Por: Redacción/

Durante la mesa dos de la audiencia pública “Feminicidios, Emergencia Nacional: Impunidad Institucional”, funcionarios de diversas dependencias gubernamentales analizaron los distintos rostros de este delito; sostuvieron que la entidad con el primer lugar de incidencia es el estado de México, seguido por Veracruz y Ciudad de México, por lo que urgieron a destinar mayor presupuesto y fortalecer la atención integral a víctimas.

Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro, de la Fiscalía General de la República, afirmó: para atender los crímenes en contra de mujeres se necesita mayor capacitación y un servicio civil de carrera profesional, ministerios públicos especializados que tengan sensibilidad de atender e investigar con perspectiva de género y que no los cambien constantemente del encargo.

Resaltó la importancia de que el Poder Judicial, ministerios públicos y víctimas analicen los criterios técnicos en que se sustentan las investigaciones, que los jueces apliquen criterios de convencionalidad y constitucionalidad cuando se requiera y, no sólo aborden cuestiones administrativas y de coordinación.

Aseguró que todas las experiencias de feminicidios están generando en la autoridad un cambio. “Todo por lo que los familiares de las víctimas han peleado, sí se refleja por la autoridad en la forma de integrar el delito de secuestro se relacione o no con el feminicidio, como la sentencia de Mariana Lima, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los protocolos del Campo Algodonero”.

Resaltó la vinculación del feminicidio -como la privación de la vida por cuestión de género- y el secuestro -privación de la libertad-, de éste en 2018 la unidad captó 353 víctimas, el 28 por ciento fueron mujeres.

Refirió la importancia de conocer experiencias de las familias y su lucha constante, para generar mejores protocolos de atención y establecer el perfil de la víctima, edad y actividad u oficio. “Somos empáticos con la situación que viven las víctimas, no queremos que nadie más lo sufra”.

Afirmó que el Estado de México ocupa el primer lugar en el índice de feminicidios y secuestro con 29 casos; Veracruz, con 26 y Ciudad de México con 15.

El trabajo coordinado entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil, en defensa de las víctimas de feminicidio y sus familias atiende la problemática, retomando antecedentes de otros casos.

De la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mirna Eugenia Acebedo Salas, titular de la Unidad de Género, señaló asignaturas pendientes en todas las instituciones del Estado mexicano para fortalecer la atención integral a víctimas, a través de capacitación, certificación de personal, litigio estratégico, apoyo a huérfanos e impulso de políticas públicas transversales con perspectiva de paridad que frenen el feminicidio.

El marco normativo debe fortalecerse y aplicarse, las instituciones tienen que operar con la debida diligencia para frenar la violencia contra mujeres. Refirió el mecanismo de articulación operativo con la Red Nacional de Refugios, donde hay delegaciones estatales, para “revisar puntos de quiebre en materia de atención. Sabemos que hay muchas carencias interinstitucionales para hacer efectiva la reparación del daño con la incursión de los tres órdenes de gobierno”.

Por las implicaciones de tipo social, legal e incluso político que tiene visibilizar los feminicidios y aun cuando las autoridades locales investiguen y sancionen estos casos como homicidios, “la CEAV reconoce la transcendencia nacional de estos casos; por ello, los ha atraído del fuero local al federal para atenderlos”.

Aseguró que la CEAV está pendiente y atenta a seguir colaborando y escuchar inquietudes, denuncias y demandas de mujeres víctimas. Comentó que la posibilidad de disminuir recursos y la presencia de las unidades de género no observa todas las acciones que se hacen para avanzar y definir un protocolo que las atienda. “Es necesario respetar el presupuesto y apoyar a las instituciones para ejercer políticas concretas que visibilicen resultados”.

Sobre el tema “Trata de personas y otras formas extremas de violencia contra las mujeres”, Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y El Caribe, afirmó que no se contabilizan las víctimas de trata en ninguna estadística nacional, ni en los desparecidos, lo cual viola flagrantemente lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia de Campo Algodonero. Destacó que el feminicidio se vincula con el delito de secuestro.

Se ha detectado que en el 52 por ciento de los casos atendidos participó la delincuencia organizada, en el 23 por ciento no hubo injerencia de ésta y en el 25 por ciento se desconoce quién cometió el ilícito, porque la familia no aportó más información. La coalición, a la fecha ha rescatado vivas y localizadas -asesinadas por cuestión de género- a mil 752 mujeres y niñas. Apuntó que la falta de presupuesto dificultará continuar con la atención a víctimas de este ilícito.

“El 40 por ciento de las adolescentes fueron reclutadas por internet y la migración ilegal aumenta la vulnerabilidad. Las niñas de 12 y 15 años son entrenadas en ranchos como “halconas” para convertirlas en sicarias, “mulas” y “correas”, esclavas sexuales de jefes de plaza y damas de compañía”, agregó.

En Veracruz, indicó, se ha identificado una nueva modalidad de trata y explotación laboral y sexual, designada como “la dedo”, donde inscriben a una niña en alguna escuela de renombre, para que se haga amiga de menores de familias adineradas y la inviten a sus casas para que conozcan sus domicilios y pertenencias, a fin de que el grupo delictivo robe, secuestre o cometa otro delito.

Laura Salinas Beristaín, de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, señaló que la Fevintra ha estado maniatada en materia de feminicidios por la ley, porque sólo “nos competen los delitos de los jueces federales” y los homicidios de mujeres son competencia local.

Antes el procurador general podía atraer casos, pero no había criterios específicos en la ley, quedaba a su discreción. Ahora, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en los artículos 4 y 5, señala que el fiscal tiene posibilidades de atraer casos por inactividad del ministerio público local o quien esté trabajando con ella en la investigación de un delito o por ineficacia. Y si el fiscal decide no atraerlo, las víctimas pueden impugnar. Esta nueva posibilidad de actuar “nos abre la posibilidad de poder intervenir en muchos casos donde esté atorada la justicia local”.

Desde hace varios años se hizo un protocolo de feminicidios y en 2018 se adecuó al Sistema de Justicia Penal con un grupo de expertos, el apoyo de varias fiscalías y la intervención de grupos de mujeres, “por lo que se espera que este protocolo será muy útil y estamos proponiendo que lo adopten en la Conferencia de Procuración de Justicia y que haya una capacitación para su uso”.

Andrea Nomdedeu Díaz-Valero, especialista de Atención a Casos en Amnistía Internacional, afirmó que “cada 160 minutos una mujer o una niña es asesinada en México”. El año pasado se llegó a la cifra de tres mil 600 mujeres víctimas de violencia extrema; los feminicidios en México se incrementan cada año “sin que todavía existan datos precisos y confiables sobre su dimensión”.

Refirió que durante 2017, en Brasil ocurrieron mil 133 feminicidios; en El Salvador, 345; en Argentina, 251; Honduras, 235 y en Guatemala, 221. “Coincidimos en considerar a todos estos países como peligrosos, pero en México, tres mil 357 mujeres fueron asesinadas de forma violenta en el mismo periodo”.

De estas, las fiscalías y procuradurías estatales registraron únicamente 671 presuntos delitos de feminicidio. “Esta brecha expresa la resistencia de las autoridades a reconocer que a las mujeres nos están matando porque somos mujeres”, enfatizó.

Recalcó que las investigaciones de los feminicidios son deficientes y los autores de actos de violencia gozan de impunidad; por ello, enfatizó la necesidad de que el Estado lleve a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre asesinatos de mujeres por razón de género, asegurando que se lleve a los responsables ante la justicia; implementar políticas enfocadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra ellas, así como impulsar políticas de igualdad y medidas de reparación del daño y garantías de no repetición.

Leticia Lorena Gutiérrez Rangel, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, afirmó que según la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, en México hay aproximadamente 30 mil desplazados internos por causas de la violencia, los cuales no tienen “categoría legal como desplazados” y no encajan en un régimen de protección adecuada que les permita rehacer sus vidas.

Destacó la necesidad de crear un marco jurídico para atender, proteger, y asistir las necesidades especiales de las personas desplazadas y garantizar los derechos.

María Salguero, activista y creadora del Mapa del Feminicidio, resaltó que tan sólo en 2018, se asesinaron a 3 mil 607 mujeres, lo cual significa que fueron casi 9.8 mujeres al día. Afirmó que continúa la violencia intrafamiliar, pero el crimen organizado ha hecho que se eleven los asesinatos de mujeres, y en el ámbito comunitario ha sido en estados con presencia del crimen organizado.

De acuerdo con la suma de lo que señalan los estados sobre feminicidios y homicidios dolosos, el Estado de México fue el primer lugar con 400 mujeres asesinadas, después le siguió Guanajuato, Baja California, Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Michoacán y Ciudad de México. Mientras que en la incidencia por población, por cada 100 mil habitantes, en Colima hubo 22; Baja California, 19; Guerrero, 15; Chihuahua, 13; Guanajuato, 11 y 10 en Quintana Roo.

Enfatizó que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se determina que más de 10 mujeres asesinadas por cada 100 mil habitantes ya es una epidemia de violencia y “es lo que se está viviendo en estos estados”.

En el primer mes de este año, en el Estado de México hubo 37 mujeres asesinadas; Jalisco, 33 y 24 Guanajuato. Se debe investigar con perspectiva de género y hacer el contexto individual de cada víctima sin criminalizar porque muchos gobiernos suelen hacerlo.

Adriana Muro, directora general en Elementa en Consultoría en Derechos, organización de mujeres en Colombia y México, destacó que el recrudecimiento de la violencia del crimen organizado impacta a las mujeres por su mercantilización; es decir, los cuerpos femeninos se consideran objetos de apropiación para el ejercicio del poder masculino, derrotando moral y psicológicamente a las poblaciones.

Además, reafirma jerarquías de género y refrenda el dominio social de los grupos armados, donde niñas, adolescentes y mujeres interactúan con el crimen organizado, desde el cultivo de drogas y tráfico, trata y otros delitos, sometidas a violencia física, emocional y sexual por los delincuentes, corriendo el riesgo de ser desaparecidas o asesinadas.

La tasa de asesinatos se incrementó del 1.9 al 4.4 mujeres por cien mil habitantes, de 2007 a 2016, de acuerdo al Sistema Nacional de Información de Salud. El nuevo patrón que no se ha analizado son las muertes en espacios públicos por la disputa territorial de las bandas delictivas.

Por ello, cuestionó si el enemigo es el crimen organizado, los hombres misóginos y machistas o el Estado, con la violencia institucional en que incurre por su omisión al no atender las necesidades de seguridad que requieren.

Sacrisanta Mosso Rendón, de la organización “Voces de la ausencia”, propuso hacer una revisión y análisis profundo de las penas para delitos de alto impacto que cometan adolescentes en conflicto con la ley, pues el sistema de justicia para adolescentes los favorece, y endurecer las sanciones de acuerdo con la gravedad del delito para corregir las conductas y fortalecer la prevención.

De la misma organización, Ligia Teresita Canto Lugo planteó la importancia y la necesidad de proteger a los niños huérfanos por causa de los feminicidios.

Soledad Jarquín Edgar, madre de Marisol del Sol Cruz Jarquín, aseguró que el feminicidio de su hija es uno de los más de 270 asesinatos violentos ocurridos en Oaxaca, en poco más de dos años del actual gobierno estatal. Solicitó a los diputados intervenir para iniciar un juicio político en contra del Fiscal general, Rubén Vasconcelos, y proceder en la revocación del mandato de Hageo Montero López por obstaculizar la investigación.

Arturo Ibarra, padre de la víctima Francia Ruth Ibarra Ramírez, consideró que una forma primordial de prevenir la delincuencia, es combatir la impunidad. Las leyes están mal y hay errores en su aplicación, si se quieren resultados diferentes es necesario empezar a hacer las cosas de forma distinta.