Por: Redacción

Ante la reciente visita que realizó el papa Francisco a México, entre el 12 y 17 de febrero, la senadora del Grupo Parlamentario del PT, Layda Sansores San Román, propuso que el Senado de la República exhorte al Presidente de la República y a los gobernadores de los estados de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua a rendir un informe de los costos generados por esta visita.

El punto de acuerdo también plantea que se informe acerca de la coordinación con entes privados, para llevar a cabo las actividades públicas que tuvieron lugar durante esta estancia en el país.

La legisladora refirió que según un reporte de un medio de comunicación nacional –el periódico Excélsior– el viernes 12 de febrero la estancia del jefe del Estado Vaticano habría tenido un costo de 200 millones de pesos.

En dicho reporte se precisa que para recibir al Pontífice se realizaron gastos en los rubros de seguridad, infraestructura, apoyo para voluntarios, alimentos, vestimentas, recorridos, vuelos, además de la logística de las ceremonias y traslados en la Ciudad de México; Ecatepec, Estado de México; San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y Ciudad Juárez, Chihuahua.

La misma fuente de información añade que la atención a los visitantes, integrantes de la comitiva y la atención a los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, son otros gastos que deberán considerarse durante la estancia de Jorge Mario Bergoglio.

El documento subraya que la recepción, en el Hangar Presidencial, y el acto de despedida, en el aeropuerto de Ciudad Juárez, en los que el Presidente de la República estuvo presente, contaron con escenarios impresionantes, espectáculos de luz y sonido, invitados especiales y operativos de seguridad, “lo que sin lugar a dudas representó un costo para el erario”.

Si bien es cierto que las aportaciones privadas –de los feligreses y la iglesia– pueden haber representado una parte importante de lo gastado para estos hechos, también lo es que, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, es necesario saber qué empresas y entes privados coordinaron gastos o apoyos con el gobierno federal y las entidades federativas, puntualiza.

El documento con la propuesta se envió a la Comisión de Gobernación para su análisis.