Por: Redacción

En relación con distintas notas periodísticas acerca de la apertura de planteles de Educación Superior vinculados al partido político denominado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que solamente ha recibido dos solicitudes de las autodenominadas Escuela de Derecho Ponciano Arriaga A.C. y Escuela de Contabilidad y Administración Pública Leona Vicario, A.C., para tramitar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) ante la autoridad educativa federal.

La atención a dichas solicitudes, como en todos los casos, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y la normatividad aplicable. Al respecto, es muy importante señalar que la sola presentación de la solicitud de RVOE no garantiza, bajo ninguna circunstancia, su otorgamiento, como lo establecen con toda claridad los artículos 54 y 55 de la Ley General de Educación y los Acuerdos Secretariales 243 y 279 de la propia SEP.

Por otra parte, la SEP advierte que los estudios impartidos por escuelas que no cuenten con RVOE carecen de validez oficial, no forman parte del Sistema Educativo Nacional, y por tanto los títulos que se expidan no tienen validez y no son susceptibles de obtener una cédula profesional. Más aún, la no validez repercute de manera directa en los estudiantes, ya que en el caso concreto, las carreras de Derecho y Contabilidad requieren necesariamente de cédula profesional para el ejercicio de su profesión.

Por otro lado, cabe señalar, que de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley General de Educación, las instituciones que ofrecen servicios educativos sin reconocimiento de validez oficial están obligadas a informarlo a los alumnos y a incluir en toda su publicidad, por cualquier medio, que no se encuentran incorporadas, y para tal efecto, la Secretaría de Educación Pública realiza visitas de verificación.

Derivado de lo expuesto, la Secretaría de Educación Pública reitera que todas las instituciones educativas están obligadas a apegarse estrictamente a la normatividad aplicable en la materia.