• Según datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2020 del Inegi, en la integración de los Plenos de los Poderes Judiciales Estatales subsiste una conformación predominantemente de hombres.

Por: Redacción/

La senadora Kenia López Rabadán junto con 35 legisladoras y legisladores de distintos grupos parlamentarios, propuso una iniciativa para incluir el principio de paridad de género en la integración de los órganos jurisdiccionales federales y locales.

Esta iniciativa reforma los artículos 27, 73, 94, 99, 100, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, con este reforzamiento normativo se eliminará la discriminación y exclusión de las mujeres en el Poder Judicial, detalló la legisladora panista.

“México necesita tanto de mujeres como de hombres honestos e inteligentes que dignifiquen el servicio público. Es ahí donde entra nuestra labor como legisladores, reformando la ley para que haya igualdad de condiciones, por lo que, de aprobarse la presente iniciativa, se logrará que la paridad de género en los tres órdenes de gobierno y en los organismos públicos autónomos no dependa de vaivenes políticos”, dijo.

López Rabadán refirió que el 6 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, pero que entre los temas aún están pendientes la integración paritaria en los poderes judiciales de las entidades federativas.

“Es preocupante la situación laboral de las mujeres, por lo que es necesario se modifique -desde la Constitución General- la dinámica de exclusión de las mujeres en los órganos jurisdiccionales”, indicó.

Según datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2020 del Inegi, en la integración de los Plenos de los Poderes Judiciales Estatales subsiste una conformación predominantemente de hombres.

En el caso de las 155 Consejerías del Consejo de la Judicatura Local, las mujeres sólo ocupan el 25.8 por ciento, mientras que el 69.7 por ciento siguen siendo hombres, informó.

En la distribución porcentual de las 4 mil 828 magistraturas y juzgados según instancia y sexo, en los órganos jurisdiccionales de primera instancia, el 57.4 por ciento son hombres y el 42.6 por ciento son mujeres. En cuanto a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia predomina el 66.5 por ciento de hombres, en contraste con el 33.5 por ciento de mujeres, agregó.

De acuerdo con dicho Censo, existen 68 mil 624 servidoras y servidores públicos adscritos a los Poderes Judiciales Estatales, donde el 59.3 por ciento son mujeres y el 40.7 por ciento son hombres. En cuanto a la conformación de los órganos jurisdiccionales de primera instancia, el 62.5 por ciento son mujeres y el 37.5 por ciento son hombres, comentó la legisladora.

“No puede decirse que no existen mujeres preparadas para acceder a puestos de Magistradas o Juezas, ya que, del total de servidoras y servidores públicos adscritos a los Poderes Judiciales Estatales, el 59.3 por ciento son mujeres y el 40.7 por ciento son hombres”, señaló López Rabadán.

Abundó que no puede pasar desapercibido que, por primera vez en la historia de nuestro país, tres mujeres –de manera simultánea- ocupan los cargos más altos en el Poder Judicial de la Federación como las ministras Norma Lucía Piña Hernández, Yasmín Esquivel Mossa y Ana Margarita Ríos Farjat quienes representan el 27.3 por ciento de los integrantes del Máximo Tribunal de la Nación.

“Ellas han cambiado los paradigmas en la impartición de justicia, incluso, gracias a sus aportes, se ha emitido el nuevo Protocolo para juzgar con perspectiva de género”, apuntó la senadora panista.

En un compromiso por impulsar, respetar, garantizar y sensibilizarnos ante los derechos humanos de las mujeres, es necesario realizar las adecuaciones normativas correspondientes para que tanto las mexicanas como los mexicanos seamos incluidos en el quehacer diario de la vida pública en igualdad de condiciones y eliminar los obstáculos que impiden que podamos participar en la vida política de nuestras comunidades, y así dar pasos firmes hacia la igualdad sustantiva, concluyó.