Por: Redacción

La recién aprobada Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano sólo tiene el objetivo de satisfacer las necesidades del mercado y de los dueños del capital, por lo que es necesario un verdadero modelo urbano y agrario que incluya la efectiva acción participativa de la ciudadanía, coincidieron los diputados Blandina Ramos, Jesús Serrano y Juan Romero.

Durante la comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga –como parte de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto–, los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena cuestionaron a la funcionaria sobre las afectaciones que provocan las decisiones gubernamentales acerca del entorno de los ciudadanos, sobre todo si éstos deben ser el eje y motor del diseño de las políticas públicas.

En su oportunidad, la diputada Blandina Ramos Ramírez subrayó que dicha legislación tiene como propósito principal beneficiar a los dueños de las empresas inmobiliarias y constructoras, sin tomar en cuenta a los ciudadanos y mucho menos a quienes viven en comunidades agrícolas.

“La visión de desarrollo urbano del Ejecutivo Federal promueve la especulación, polariza a la sociedad, la margina y disminuye su calidad de vida (…). Nuestras ciudades no pueden convertirse en un modelo de tejido territorial orientado a la producción, distribución y consumo masivos”.

Señaló que un verdadero modelo urbano debe incluir forzosamente a los ciudadanos, y que éstos no sean simples espectadores de ese proceso. Un ejemplo de este engaño es la figura jurídica de expropiación que en realidad fortalece a la propiedad privada y sus fines lucrativos de mercado.

“Así se abandona más a los pobres del país, desapareciendo la propiedad social de los ejidos, para darle paso libre al capital, y borrando de un plumazo los derechos adquiridos sobre el patrimonio”, subrayó la también integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Por su parte, el diputado Jesús Serrano Lora expresó que los esfuerzos por parte de la SEDATU, para supuestamente mejorar las condiciones del campo, han seguido una línea similar a la que ya se ha empleado, donde la pobreza, desigualdad, desempleo y otros indicadores tienen su expresión más dramática en el contexto rural.

El también Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria opinó que, ante esa situación, el Poder Legislativo debe alcanzar las reformas que propicien el verdadero crecimiento del país, ya que el desarrollo agrario se maneja con una política errónea por parte del Ejecutivo Federal, y es tendiente al retroceso y empeoramiento del sector agrario.

“Para Morena, el Cuarto Informe de Gobierno se presenta en el peor momento de la gestión. Su descrédito es fruto de la corrupción imperante, de la violencia incontenible, de la inseguridad amenazante y de la incapacidad para combatir la delincuencia organizada y el aumento de los índices de la pobreza en los habitantes del sector rural”, puntualizó.

A su vez, el diputado Juan Romero Tenorio aseguró que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano no cumple con la expectativa para resolver la problemática de los ordenamientos urbano y agrario.

“Es una ley que se quedó corta dentro de las perspectivas de Hábitat III, dentro de los compromisos internacionales. Es una ley que no abona a garantizar el uso del suelo con sentido social”, subrayó el también Secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Al respecto, señaló que en su momento la bancada de Morena hizo observaciones precisas sobre el contenido de ese ordenamiento. Sin embargo, aclaró, no hubo respuesta ni atención por parte de las autoridades a las cuales competen este tipo de cuestiones.

“Falta que las autoridades escuchen, porque no se escuchan las propuestas que se hacen y se presentan con una visión que busca cumplir la expectativa de los compromisos internacionales y más que eso, que garanticen los derechos humanos”, reclamó.

Insistió que esta ley dejará en indefensión a diversos núcleos agrarios, ya que carecen de la capacidad jurídica y económica para defender su propiedad, derivado de que tiende a desaparecer el esquema de propiedad social. “Es un Estado que más que cumplir con una función social de distribución, se está convirtiendo en regulador, permitiendo la acumulación de la riqueza en unos cuantos”.