Por: Redacción

Las historias de jóvenes en reclusión reflejan que autoridades, familias y sociedad deben seguir trabajando en función y beneficio de los adolescentes de México, aseguró el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio Mújica, al moderar la mesa de reflexión sobre Adolescentes que Cometen Delitos Graves en México.

Existen, agregó, muchos casos en los que su contexto socioeconómico e historia de vida los orilla a entrar en conflicto con la ley, por ello, alertó, atender este tipo de situaciones que requieren atención integral.

El secretario ejecutivo destacó que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes impulsó la creación del Sistema Nacional de Protección Integral (SIPINNA), para articular el resguardo y garantía de derechos para ambos sectores de la población con una perspectiva común que los coloca como titulares de derechos.

Velar por los derechos de los infantes y jóvenes, apuntó, es responsabilidad de las autoridades de todos los niveles de Gobierno, así como de los sectores sociales, privado y académico, quienes contribuyen a conocer y atender desde su origen las problemáticas que enfrentan las y los adolescentes en su vida cotidiana.

En su oportunidad, la académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y responsable del Diagnóstico de las y los Adolescentes que Cometen Delitos Graves en México, Elena Azaola, informó que la tasa de adultos privados de su libertad es cuatro veces mayor que la de adolescentes en esta misma situación.

Azaola Garrido, señaló que es necesario seguir trabajando con este sector de la población y atender sus demandas para que su reinserción sea una realidad para todos aquellos jóvenes en esta situación.

En su momento, la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, Isabel Crowley, señaló que la mejor forma de prevenir el delito es otorgándole a niños y jóvenes acceso efectivo a sus derechos humanos.

Además, apuntó que México se encuentra en un momento decisivo en materia de justicia para los jóvenes, por ello, dijo, es necesario trabajar de manera coordinada y proteger los derechos de este sector poblacional, “uno de los grupos menos atendidos”.

La representante del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Raquel Olvera Rodríguez, indicó que México asumió el compromiso de generar una estrategia para la protección y la justicia de los adolescentes para no criminalizar sus conductas, sino ofrecer alternativas que permitan identificar y solventar aquellas situaciones adversas que los llevaron a enfrentar a la justicia.

Con ello, apuntó, se pretende generar un sistema que privilegie alternativas de justicia y que la privación de la libertad sea vista como el último recurso a utilizar.

En el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la Secretaría de Gobernación ha impulsado acciones de prevención terciaria con el propósito de asegurar la reinserción social de los internos y evitar su reincidencia, una de ellas es el Diagnóstico de las y los Adolescentes que Cometen Delitos Graves en México promovido por la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de esta dependencia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Este estudio tuvo como objetivo analizar la situación de los jóvenes privados de su libertad en los estados de Coahuila, Hidalgo, Morelos y Sinaloa.