Por: Redacción/
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) presentó una iniciativa para establecer como una de las prioridades de la política de Estado en ciencia y tecnología, promover el uso de la inteligencia artificial para resolver problemas nacionales fundamentales, contribuir al desarrollo del país y elevar el bienestar de la población en todos los aspectos, con un estricto apego y respecto a los derechos humanos.
Asimismo, impulsar el desarrollo de un marco ético y de derechos humanos que rija la política nacional de ciencia, tecnología e innovación.
La iniciativa, que plantea reformar los artículos 2, 4, 5 y 6 de la Ley a la Ley de Ciencia y Tecnología, define que inteligencia artificial es cualquier sistema que manifieste un comportamiento inteligente, por ser capaz de analizar su entorno y pasar a la acción con cierto grado de autonomía, con el fin de alcanzar objetivos específicos.
Incorpora al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, y a este consejo le otorga facultades para establecer lineamientos nacionales en materia de ética respecto a la ciencia, tecnología y la innovación.
El documento, turnado a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, precisa que la inteligencia artificial tiene como base la ciencia, la tecnología y la innovación, que debe estar apegada a una base ética sólida y al respeto de los derechos humanos; ser usada para mejorar la vida y el trabajo y no empeorarlos, y estar siempre a “nuestras órdenes y no nosotros a las órdenes de una máquina”.
Señala que, si bien ya hay dos leyes generales en materia de protección de datos personales, actualmente no se cuenta con lineamientos relativos al uso ético de la ciencia y tecnología, que son necesarios para que pueda prosperar cualquier ley respecto al uso ético de la inteligencia artificial.
Por lo tanto, para que sea posible tener leyes concretas que regulen el uso de la inteligencia artificial, es necesario comenzar por garantizar que la ciencia y la tecnología se usen de forma ética y con estricto apego a los derechos humanos, puntualiza.
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