Por: Redacción

En México 19.1 millones de mujeres están incorporadas a una actividad productiva remunerada, de las cuales 8.3 millones son madres de familia, pero de éstas últimas 4.1 millones también son jefas de hogar, dijo el Subsecretario de Previsión Social federal, Ignacio Rubí Salazar.

Al participar en el “Foro sobre Conciliación Trabajo-Familia”, el funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno de la República resaltó la importancia de avanzar en el tema de equidad de género, particularmente en el ámbito laboral.

Rubí Salazar señaló, ante trabajadores del Grupo Nacional Provincial (GNP) que fue reconocido con el Distintivo Empresa Familiarmente Responsable (DFR), que es necesario “emparejar el piso” en la participación de mujeres y hombres en el mercado laboral, para poder flexibilizar las actividades de trabajo con las de la familia.

Observó que mientras en 1970 la tasa de participación económica de la mujer era del 17 por ciento, esa tasa es al segundo trimestre de 2016 del 43 por ciento, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

El certificado que acredita el DFR no se obtiene gratuitamente, obedece a un conjunto de buenas prácticas que se enmarca en esa flexibilización y emparejamiento del piso en el ámbito que corresponde a las empresas”, indicó.

Entre las acciones de la STPS para concretar la conciliación trabajo-familia está el impulso a la lactancia materna y mencionó, en ese sentido, el pronunciamiento emitido en agosto pasado por los sectores obrero y empresarial del País, en el que se comprometieron a fomentar la instalación de lactarios en los centros de trabajo.

En ese documento se presentó una “cláusula tipo” para ser incorporada en los contratos colectivos del trabajo que incluyen el establecimiento de lactarios en centros de trabajo como un elemento que favorece a la lactancia materna y que contribuye a la igualdad laboral.

Dijo que el esfuerzo en equidad de género en el tema de trabajo debe ir acompañado también del fortalecimiento del andamiaje jurídico institucional.