Por: Redacción/

El renovado impulso del PRI y PVEM en la Cámara de Diputados para penalizar con cárcel y que se requisen los aparatos de transmisión de las radios comunitarias e indígenas que carezcan de permisos para su operación, así como la nula asignación de recursos públicos a éstas para el próximo año, son una clara muestra de que al Gobierno Federal no le interesa este sector de la población, aseveró el diputado Virgilio Caballero Pedraza.

En entrevista, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena sostuvo que tales medidas incluso forman parte de un plan establecido para consolidar el contubernio político y económico entre las autoridades y los medios de comunicación comerciales.

“Pese al origen de las radios comunitarias en la labor social y de difusión de la cultura de un sector históricamente marginado del país, así como su capacidad promotora de los derechos fundamentales, una vez más y contra todos los ordenamientos legales y constitucionales, no se les tomó en cuenta en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018”, recalcó.

En el marco de la visita a México de los relatores especiales para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Edison Lanza y David Kaye, respectivamente, destacó que Morena presentó una iniciativa de reformas constitucionales para que se reconozca el pleno derecho de los pueblos indígenas a contar con sus propios medios de comunicación.

Luego de sostener un encuentro con los relatores en el Senado de la República, el pasado 29 de noviembre, apuntó que van casi tres años de incumplimiento de un mandato constitucional que obliga a los entes públicos federales a destinar a las radios comunitarias e indígenas el uno por ciento de su gasto en comunicación.

Esto se da, dijo, en medio de un panorama que sólo favorece a los grandes consorcios de la radiodifusión, que acaparan y controlan el sector a nivel nacional, estatal, municipal e incluso local.

“Esta disparidad afecta claramente el principio de equidad, mina la pluralidad democrática y, de manera indirecta, impide la libertad de expresión de sectores de la población que, deseando ejercer su derecho a comunicar, no pueden participar en la radiodifusión o telecomunicaciones”.

El también periodista y fundador del Canal del Congreso de la Unión sostuvo que a diferencia de quienes tienen una visión mercantil de la comunicación, la verdadera diversidad no se alcanza multiplicando a los actores comerciales, sino a través de un acceso equitativo a las plataformas de transmisión disponibles para los sectores público y social.

Caballero Pedraza afirmó que la mayoría de las radiodifusoras comunitarias e indígenas operan en poblaciones alejadas e incluso incomunicadas, y que su propósito es lograr la cohesión social, lo que es diametralmente opuesto a los fines de lucro.

Por ello, expresó, es lamentable que la Comisión de Radio y Televisión aprobó una iniciativa para castigar con penas de hasta seis años de prisión y 300 días de multa a quienes operen radios comunitarias e indígenas sin la autorización correspondiente.