Por: Redacción/

La Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva sobre la Ley de Seguridad Interior, afirmó el Presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de la 43ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Al anunciar la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, el Primer Mandatario dio “la bienvenida al análisis que, en su momento, lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta Ley”.

Puntualizó que durante la discusión y aprobación de esta Ley por parte del Congreso de la Unión, distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos expresaron que, a su criterio, el contenido de la Ley es inconstitucional.

“Como sabemos, corresponde únicamente a nuestro máximo Tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. De acuerdo con nuestro marco jurídico, la Suprema Corte sólo puede pronunciarse sobre una Ley una vez que ésta ha sido promulgada”, precisó.

Dijo que “ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”.

Y enfatizó: “soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país. Por eso, no emitiré declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta Ley, hasta que el máximo Tribunal decida sobre su constitucionalidad”.

En el evento, realizado en el salón Tesorería del Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo Federal destacó que “el espíritu de la Ley da certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en la preservación de la seguridad interior, y al mismo tiempo establece límites al uso discrecional de las mismas”.

“La Ley deja claro, y esto es muy importante, que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades. Además, las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales, que permita finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades Federales”, mencionó.

El Presidente Peña Nieto aseguró que “uno de los pendientes legislativos había sido regular la intervención de nuestros efectivos militares y navales en la lucha contra las organizaciones delictivas”.

En su momento, dijo, “la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que nuestras Fuerzas Armadas pueden actuar en tareas de seguridad pública, en auxilio a la autoridad civil, y en tareas de seguridad interior bajo el mando del Presidente de la República”.

Puntualizó que “la atribución de intervenir en seguridad interior se encuentra prevista en la Fracción VI del Artículo 89 de la Constitución, desde 1917”.

“No obstante, hasta hoy esa atribución ha tenido que ser ejercida sin el respaldo de una Ley reglamentaria. La ausencia de una legislación secundaria se ha traducido en incertidumbre tanto para los miembros de las Fuerzas Armadas, que participan en tareas de seguridad, como para los propios ciudadanos”, refirió. Afirmó que con el fin de superar este vacío legal, el Congreso de la Unión le remitió el Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.