Arturo Campos.- La organizacion internacional Human Rights Watch (HRW) señaló a través de Tamara Taraciuk Broner, subdirectora para las Américas, que “Entregar a las Fuerzas Armadas el control total de las tareas de seguridad pública mientras se limita la capacidad de autoridades civiles de fiscalizar el actuar de los soldados desplegados en las calles amenaza con agudizar el desastre de derechos humanos que atraviesa México”.

La representante de la organización promotora de los derechos humanos puntualizó que “el despliegue de militares para tareas de seguridad pública durante los últimos 16 años no ha logrado reducir la violencia en México y ha dado lugar a graves abusos de derechos humanos. Los senadores aún están a tiempo para frenar la militarización. Deberían rechazar esta propuesta.”

Lo anterior al sostener que el Congreso mexicano debate una iniciativa que facultaría a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública de manera permanente y que trasladaría el control de la Guardia Nacional, la principal institución de seguridad pública del gobierno federal, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Asimismo, apuntó: “bajo la iniciativa, se daría de baja a casi todos los elementos civiles de la Guardia Nacional. La mayoría de los demás elementos—soldados y marinos adscritos a la Guardia Nacional— quedarían sujetos a la jurisdicción militar, aun cuando realicen tareas de seguridad civil.

“En el pasado, la aplicación de la jurisdicción militar, a pesar de una reforma que prohíbe su uso para investigar violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles, ha permitido a los soldados esquivar la justicia en estos casos. La iniciativa también daría amplias facultades al presidente para desplegar militares para tareas de seguridad pública, lo cual contraviene jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

La iniciativa, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada por la Cámara de Diputados en su primera sesión en la madrugada del sábado 2 de septiembre, y falta que el Senado analice la modificación presentada por el mandatario.