Por: Oscar Nogueda/ 

El Gobierno Federal y la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron los avances de las nuevas investigaciones del Caso Iguala, de las cuales destacan la captura de servidores públicos ligados a estos acontecimientos, así como la impunidad y la corrupción de la administración pasada.

Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, destacó que , desde marzo hasta la fecha, se han girado 70 ordenes de aprehensión de las 83 solicitadas por los delitos de delincuencia organizada, tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.

Asimismo, se han capturado a 34 personas ligadas a la desaparición de los normalistas. Dentro de estas personas se encuentran policías municipales, federales, ministeriales, efectivos del ejército y miembros del cártel Guerrero Unidos.

Mencionó que se han realizado 30 acciones de búsqueda en campo en 217 puntos de interés, ubicados en seis municipios de Guerrero. Solo en cinco acciones de búsqueda se identificaron restos óseos, seis en en la localidad del Amate, Cocula y seis en cuerpos en fosas clandestinas de Iguala.

El Subsecretario recordó que, el 20 de noviembre del 2019, se localizaron más de un centenar de restos óseos en la barranca de La Carnicería, a 800 metros del basurero de la comunidad. Posteriormente, se enviaron tres restos óseos a la Universidad de Innsbruck para su estudio, por lo que se dio como resultado la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.

“Esta identificación científica marcó un importante precedente dentro de la nueva investigación, al cuestionar las circunstancias sobre los que se formó la llamada verdad histórica. La verdad histórica se ha colapsado”, precisó Encinas Rodríguez.

Por otro lado, el Comité Científico asesor, integrado por el Centro de Investigación de Ciencias de la Información Espacial, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaria de Gobernación, estudió 80 millones de res gorros telefónicos realizados entre 2014 y 2018.

Este estudio arrojó 206 mil referencias de interés, 84 mil líneas prioritarias y 16 números telefónicos en el lugar de la desaparición de los normalistas. Además, se confirmó que los 43 estudiantes no estuvieron juntos en ningún momento.

“Hoy se cuenta con información que permitirá a la FGR conocer la operación del grupo delictivo y sus células, la participación de los cuerpos de seguridad, y de quienes operaron estos a taques, así como sus comunicaciones y desplazamientos en iguala. El papel de la estructura delictiva en la toma de decisiones de los hechos. La verdad historia carece de respaldo comprobable y demuestra que ningún momento los 43 estudiantes estuvieron juntos”, comentó Encinas Rodríguez.

También, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) brindó información fiscal, patrimonial y financiera sobre las personas catalogadas como objetivos principales. A su vez, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) otorgó los reportes e itenerarios del grupo de coordinación Guerrero del 2014 y 2015.

La Secretaría de Seguridad ha removido a 4 electos vinculados a estos hechos, 2 se dieron de baja, 3 fueron sancionados y 5 están siendo investigados. El Subsecretario reconoció que todas las corporaciones de seguridad e instituciones del Gobierno federal han compartido información sobre el caso.

El Fiscal especial del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, sentenció que “En la nueva etapa se decretó tres metas claras: justicia, paradero y verdad. La instrucción del Fiscal fue generar un equipo capaz de dar resultado en el menor tiempo posible. Esto lo logramos, tenemos una investigación limpia que tiene nuevas líneas de investigación”, puntualizó Gómez Trejo.

Al mismo tiempo, reconoció las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal y de Blanca Alicia Bernal, ex ministerio público.

En el caso de Alicia Bernal, enfatizó que esta acusada por tortura, desaparición y ocultamientos, falsificación de documentos con agravante y contra la administración de justicia. La ex ministerio público falsificó el acta de búsqueda y recolección del río San Juan en el 2014, con la cual se pretendió aparentar el hallazgo de los restos del normalista Alexander Mora.

Aunado a ello, subrayó que la administración pasado tuvo como principal método de investigación la tortura, ya que todos los presuntos culpables presentados ante los medios de comunicación, en octubre del 2014, fueron torturados con anterioridad.

“Hay una orden de captura para Tomás Zerón,en el país donde se encuentre escondido. Es necesario saber porque lo hizo, para que y porque, esto dará justicia. Tomás Zerón no actuó solo, un grupo de policías y ministerios y funcionarios públicos fue dejando huellas en diversa averiguación de su actuar”, externó Gómez Trejo.

El Fiscal especial agregó que, el día de hoy, se dictó auto de formal prisión a Víctor Manuel “N”, ex policía federal. Además, ocho personas se le ha dictado auto de formal prisión por el delito de tortura.

Alejandro Gertz Manero, Fiscal General, precisó que este caso es una muestra de las conductas delictivas y de corrupción de la administración pasada, ya que desde el Presidente anterior hasta los cargos más elementales buscaron ocultar la verdad de este caso.

El Fiscal sostuvo que los 43 normalistas estuvieron en medio de un enfrentamiento entre bandas del crimen organizado. Igualmente, acusó a autoridades locales y federales del anterior gobierno de realizar detenciones ilegales y torturar a los detenidos para que los procesos judicial se declararan inválidos.

“Tomás Zerón se convirtió en vocero oficial y principal orquestador de diligencias reprobables. Robó mil millones pesos y los sustrajo con varios cómplices como pago de sus infancias. Para asegurar la impunidad, la institución puso 50 policías y el aparato judicial Pat cuidarlo”, señaló Gertz Manero.

Por ello, reiteró que Tomás Zerón se encuentra prófugo de la justicia en Israel y llamó a las autoridades guerrerenses a dar cuentas sobre estos acontecimientos.

Sobre la actuación del Poder Judicial, Encinas Rodríguez lamentó que el juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, haya liberado a 77 personas catalogadas como presuntos participantes en la desaparición de los normalistas. El argumento del juzgador fue que los detenidos fueron objeto de torturas, sin embargo, no repuso el procedimiento legal ni fincó responsabilidades a los presuntos torturadores.

Adicionalmente, reprochó que el juez Gabriel Domínguez Barrios dejó en libertad a Marco Antonio “R” por el pago de una multa de 10 mil pesos. También, remarcó el soborno realizado a el juez Aurelio González para liberar a Ángel “C”.Cabe destacar que estas personas son presuntos culpables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

“Estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la sociedad. Son una burla a la justicia, alientan el silencio y al impunidad y dan Muestra de la corrupción que prevalece en el sistema de impartición de justicia del país”, declaró Encinas Rodríguez.

Por su parte, el Presidente López Obrador reprochó la labor de los jueces en este caso y los exhortó a mostrar avances en el Caso Iguala.

“Que se conozca la verdad, la auténtica verdad. Ese es el compromiso y que sepamos del paradero de los jóvenes. Al mismo tiempo, que se castigue a los responsables, que haya justicia, reparación del daño”, indicó AMLO.

En su participación, Francisco Cox, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), reconoció los avances en las investigaciones y la ordenes de aprensión contra ex funcionarios. Sin embargo, manifestó que el Gobierno federal tiene el desafío de encontrar el paradero de los estudiantes.

El representante del GIEI añadió que se deben sostener las consignaciones del caso y resaltó que las investigaciones pueden llevar más tiempo del previsto. A su vez, reiteró el compromiso de los expertos por seguro acompañando las diligencias.

Por último, los familiares de los normalistas pidieron la captura de elementos del ejército mexicano que participaron en la desaparición forzada, así como que el Gobierno de López Obrador mantenga sus disposición de trabajar en conjunto.