• El especialista apuntó que, hasta el momento, el gobierno federal no ha propuesto una alternativa para garantizar los recursos y la continuidad de las medidas de protección a las personas beneficiarias del mecanismo.

Por: Oscar Nogueda/

Después de que el Senado de la República concretara la eliminación de 109 fideicomisos, organizaciones de la sociedad civil y expertos señalaron que la decisión de eliminar el Fondo para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos afectará la continuación de las medidas de protección y, en consecuencia, la seguridad de los beneficiarios. Además, indicaron que las autoridades mexicanas no han informado sobre las acciones que llevarán a cabo para mantener la protección a comunicadores y activistas.

“Ninguna de las personas que tengan medidas de protección, en este momento, se les está garantizando que esas medidas continuarán.  Muchas personas dependen de estos recursos para sus estadías fuera del país o fuera del estado donde radicaban. ¿Con que van a sustentar estas salidas de sus lugares de origen?  o aquellas personas que tienen algún vehículo con ciertas características para su protección, tampoco está garantizado que los puedan seguir utilizando en los próximos meses”, comentó Armando Rodríguez Luna, Director de Proyectos de la División de Seguridad e Inteligencia de la consultoría Strategic Affairs.

En entrevista con Mugs Noticias, Rodríguez Luna recordó que este fondo estaba destinado a la implementación de medidas de prevención y protección para periodistas, así como para defensores de derechos humanos del país. Aunado a ello, indicó que “estos recursos, que se tenían a disposición en este fondo, eran destinados a la preservación de la integridad física y vida de personas beneficiarias y ese es el resultado más lamentable de esta decisión sin fundamentos. Se pone en riesgo, se genera vulnerabilidades adicionales a las que ya tenían las personas beneficiarias del mecanismo”.

En ese sentido, manifestó que el Fondo de Protección contaba con lineamientos para la rendición de cuentas, ya que emitía informes periódicos sobre el uso del presupuesto asignado. Sin embargo, recordó que organizaciones de la sociedad civil subrayaron la necesidad de mejorar la transparencia y asignación de medidas de protección.

“El mecanismo de protección, en los informes anuales y periódicos, daba cuenta de cierta información que permitía entender cómo se estaba destinando estos recursos. Muchas de las críticas eran que podría mejorar la manera en que monitorea el uso de los recursos y que muchas de las decisiones para asignar estos recursos no estaban debidamente fundamentadas porque se carecía de indicadores de eficacia, eficiencia, sustentabilidad en el uso de estos recursos. El tema no era si era opaco, era transparente pero no era suficientemente transparente y le faltaba afinar detalles técnicos para tener una mayor transparencia. Si tenía las condiciones para transparentar, es un error grave su eliminación, en ese sentido, porque no tienes ningún sustento”, detalló Rodríguez Luna.

Actualmente, el Mecanismo atiende a mil 304 personas, de las cuales 418 son periodistas y 886 son activistas. Una de las fallas constantes, reportadas por organizaciones civiles, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH) y por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) es la carencia de recursos económicos y personales del mecanismo de protección.

Para el 2019, el mecanismo recibió 207 millones de pesos, 68 millones de pesos menos que lo ejercido en el 2018. Para este año, se asignaron 227.6 millones de pesos. A pesar de ello, el ex Comisionado Ejecutivo Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Aarón Mastache Mondragón, solicitó 187 millones de pesos adicionales debido a la insuficiencia del presupuesto inicial. Cabe destacar que las solicitudes de protección se han duplicado desde el inicio de este instrumento.

Rodríguez Luna apuntó que, hasta el momento, el gobierno federal no ha propuesto una alternativa para garantizar los recursos y la continuidad de las medidas de protección a las personas beneficiarias.

La minuta de la desaparición de fideicomisos, aprobada por el Congreso de la Unión, establece que “para cumplir el objeto de esta Ley, la Secretaría de Gobernación deberá prever los recursos necesarios en el anteproyecto de presupuesto de cada ejercicio fiscal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) externó que la desaparición de este fondo complicará los trámites administrativos y provocará una mayor carga burocrática en la implementación de medidas de protección, por lo que se incrementa el riesgo de las personas con necesidades de protección.

“El trámite para poder solicitar recursos destinados específicamente a medidas preventivas de protección o de protección extraordinaria se va a hacer mucho más lento y eso pone en riesgo la vida de las personas. Estamos hablando de personas que si están en situación de riesgo solicitan medidas de inmediata, el mecanismo a través de las unidades de evaluación de protección urgente tendría que valorar y emitir alguna medida y, para eso, se requieren recursos”, apuntó Rodríguez Luna.

El investigador explicó que la evaluación de las medidas de prevención y protección tendrían que ser sometidas a un tramite interno dentro de la Secretaría de Gobernación (Segob), por lo que se retrasaría la decisión e implementación de estas acciones. Asimismo, puntualizó que Segob no cuenta con las capacidades técnicas para definir, con precisión, la eficiencia de los recursos destinados a las medidas de protección.

Al mismo tiempo, remarcó que las autoridades federales no han precisado un mecanismo técnico para el uso y entrega de los recursos económicos. Adicionalmente, no se ha informado sobre la unidad, de la Secretaría de Gobernación, encargada de llevar los asuntos de protección a periodistas y defensores.

“No se garantiza mayor transparencia y eficiencia en las medidas de protección, que garantizan la vida de las personas. Todo esto no se ha definido, no se ha puesto en ningún pape ni documento interno.  Eso es fundamental porque se siguen cometiendo agresiones, cometiendo diversos tipos de intimidaciones a periodistas y defensoras que siguen requiriendo de esas medidas y mientras estamos en un limbo económico y de toma de decisiones para asignar medidas de protección o prevención”, sentenció Rodríguez Luna.

Por otro lado, el Director de Proyectos de Strategic Affairs , sostuvo que la Secretaría de Gobernación no cuenta con los rubros necesarios para realizar reportes sobre destino y uso de los recursos ejercidos. Asimismo, expresó que las medidas de protección y la evaluación de riesgo necesitan una mejora técnica.

“Las medidas de protección y las formas de evaluar riesgos se tienen que afinar en términos técnicos. El mecanismo no lo había podido hacer y con Segob va a ser más difícil que se pueda desarrollar este andamiaje técnico interno, que permita una mayor transparencia. Mas allá será una opacidad distinta y va a ser más difícil tener una interlocución en este tema con gobernación”, dijo Rodríguez Luna.

A su vez, puntualizó que la decisión de eliminar el Fondo de Protección envía un mensaje de nulo interés en la protección a comunicadores y activistas. También, se interpreta que no se exigirá a los estados y municipios destinar recursos para atender esta situación.

“Es un mensaje muy fuerte para los estados y municipios en el país, en donde cualquier andamiaje que se haya puesto en marcha como el Protocolo Nacional de Protección o el Protocolo Nacional de Investigaciones de la FEADLE para delios contra periodistas, ninguno de esos protocolos que requerían una gran participación de gobierno estatales y municipales van a tener sentido si el mecanismo nacional no tiene los recursos para operar”, mencionó Rodríguez Luna.

En ese sentido, añadió que a nivel estatal y municipal no existen capacidades institucionales para prevenir, atender e investigar delitos contra periodistas. Esto se suma a que los gobiernos locales no asumen su responsabilidad en este tema, así como a la existencia de un marco legal limitado en el país.

“Desde la Federación, el mensaje claro e:  no es prioridad la libertad de expresión. Por ello, a nivel estatal y municipal menos lo va a hacer, menos aún se fortalecerá. Se vislumbra un panorama sombrío en término de seguridad y violencia para defensoras y periodistas, agregando que viene un periodo electoral en el cual se incrementa la violencia contra medios y periodistas”, subrayó Rodríguez Luna.

Sobre los trabajadores del mecanismo, el investigador dijo que “se les ha capacitado para hacer análisis de riesgo, incorporar enfoques de género e intersectorial, los cuales son fundamentales para tener mejores medidas, todo eso está a la deriva. Las personas que trabajan en el mecanismo están en una situación de incertidumbre y todo eso genera una mayor incertidumbre en la integridad física y en la libertad de expresión en el país”.