Por: Redacción/

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que más del 50% de la población del país está en riesgo de ser víctima de violencia de género, como consecuencia de la falta de presupuesto para materializar las leyes y llevar a cabo políticas públicas, programa y acciones preventivas que promuevan el efectivo ejercicio de las mujeres a una vida libre de violencia.

Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al ofrecer la conferencia magistral “Los Derechos de las Mujeres en México: Agenda de la CNDH”, en el marco del Foro “Avances y Perspectivas del Cumplimiento de la Convención de Belém Do Pará”, celebrada en Ciudad Juárez Chihuahua, a la que asistieron representantes y defensoras de Derechos Humanos de las organizaciones de derechos humanos de la Sociedad Civil, académicos e investigadores, servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y público en general.

Durante su intervención el Presidente del Organismo Nacional destacó que, en el marco internacional de protección de los derechos de las mujeres, y como país signatario de la Convención Belém Do Pará, el Estado mexicano se ha comprometido a reconocer el goce, ejercicio y protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece las bases de coordinación entre la Federación y las entidades federativas para erradicar la violencia, atenderla, sancionarla y prevenirla.

En este sentido, González Pérez demandó que las instituciones del Estado mexicano deben de atender, como asunto prioritario y urgente, todas las expresiones de violencia contra las mujeres, porque significa una muy grave problemática de interés público que se reproduce en todas las esferas de la interacción social; que se manifiesta ominosamente en el espacio familiar, los centros educativos, en el ámbito laboral y en la propia comunidad.

Se trata –dijo— de expresiones de violencia que lastiman a las mujeres, y que lamentablemente, se agravan por la displicencia de las y los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, por lo que consideró imperioso que todas las instituciones del Estado asumamos con responsabilidad la urgencia de atender, sancionar y erradicar la violencia de género mediante el fortalecimiento de las capacidades
estatales y el diseño de nuevas rutas que permitan, en el marco de los derechos humanos, garantizar que todas las mujeres gocen de una vida libre de violencia y en condiciones de igualdad.

Pendientes para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

En otra parte de su intervención, el Ombudsperson nacional destacó que la CNDH ha identificado diversos vacíos y omisiones que han obstaculizado la obligación gubernamental de proteger y promover los derechos humanos de las mujeres, destacando como ejemplo: la no aplicación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, ni la incorporación de los plazos que prevé la Alerta de Violencia de Género en el cuerpo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en su Reglamento.

Puntualizó asimismo que, al inicio de un nuevo gobierno nacional, se deberán fortalecer y relanzar políticas públicas para la protección y promoción de derechos humanos, consolidando su enfoque integral y su aplicación transversal en todos los ámbitos del quehacer gubernamental, mejorar el acceso al Registro Nacional de Víctimas, así como mejorar los mecanismos de reparación del daño a víctimas; además de profundizar en la investigación, esclarecimiento y sanción de feminicidios y desaparición de mujeres.

En presencia del Gobernador del estado, Javier Corral Jurado, el Presidente de la CNDH se pronunció también para que se realice la revisión del Mecanismo de Órdenes de Protección, para llevar a cabo su armonización en las legislaciones de todos los estados de la República, con el fin de que las víctimas de violencia accedan a una efectiva protección, y una adecuada valoración del riesgo para su emisión.

González Pérez mencionó que a nivel nacional se advierte la existencia de gran número de tipos y modalidades de violencia que es importante incorporar como nueva tipología de delito, precisando que mientras la Ley General prevé 11 tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, en la ley de la Ciudad de México reconocen 18.

En cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo, entre 2009 y 2018 se aprobaron estas uniones en 11 entidades, que representan 34.37% del país, mientras que sobre la regulación de delitos que afectan particularmente a las mujeres, a noviembre de este año la única entidad que no ha tipificado el delito de hostigamiento sexual es la Ciudad de México.

En ese mismo sentido, señaló que los códigos penales de ocho entidades no regulan el delito de acoso sexual, por lo que instó a los gobiernos y legisladores de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Tabasco, así como el Federal a atender este importante reto.

En su oportunidad, el Gobernador Corral Jurado reconoció los recientes pronunciamientos realizados por la CNDH respecto de temas como la instauración de una Guardia Nacional y justicia transicional, además de que reiteró su compromiso de atender y cumplir las Recomendaciones emitidas por este Organismo Nacional al estado de Chihuahua, sobre todo en aquellas que tienen que ver con garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia y no discriminación.

Sobre las acciones de su administración para combatir la violencia contra este sector de la sociedad, señaló el fortalecimiento del Instituto Chihuahuense de la Mujer y la creación de una Fiscalía Especial para atender dicha problemática.

Imelda Marrufo Nava, de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, señaló que este encuentro es una oportunidad para que instituciones federales, estatales y municipales, así como organizaciones de la sociedad civil, construyan alianzas y sinergias para atender a las víctimas de la violencia de género y construir estrategias para dar cumplimiento a los indicadores de la Convención de Belém do Pará.

Por último, Armando Cabada Arvídrez, Presidente Municipal de Ciudad Juárez, expresó que dicha Convención marca una hoja de ruta que los gobiernos de los tres niveles prevengan la violencia física, psicológica, económica y política contra las mujeres, por lo que es preciso impulsar acciones urgentes en esta materia como fomentar infraestructura adecuada en las ciudades para garantizar un entorno seguro y el uso de las nuevas tecnologías, a fin de generar mecanismos de alerta y atención ante agresiones cometidas contra niñas y mujeres.

En este acto, en el que se le entregó al Ombudsperson nacional un documento del avance del cumplimiento de la Convención Belém do Pará, también se contó con la presencia de la Embajadora Carmen Moreno Toscano, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres y Consejera Consultiva de la CNDH; Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, integrante de la Comisión de Igualdad de Género y Feminicidio del Congreso de Chihuahua; Juan Carlos Loera de la Rosa, Delegado del Gobierno federal; Roberto Siqueiros Granados, Consejero de la Judicatura del Poder Judicial de Chihuahua; José Luis Armendáriz González, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua; Luz Estela Castro, integrante del Consejo de la Judicatura de Chihuahua y Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Cuarta Visitadora General de la CNDH.