Por: Redacción/

“Morena en la Cámara de Diputados alertó sobre la posibilidad que sean destituidos los 500 diputados federales y 128 senadores de la República, en caso de no aprobar antes del 30 de abril una legislación en materia de publicidad gubernamental, pues se estaría incumpliendo una sentencia de amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, afirmó la diputada Maricela Contreras Julián.

La legisladora federal de Morena enfatizó en la necesidad de abordar la discusión de la nueva ley, pero sin caer en simulaciones tan sólo para cumplir con el plazo establecido por la Corte, y sin pretender albazos legislativos que dejen fuera las diversas opiniones y propuestas tanto de los grupos parlamentarios, como de la sociedad civil y organismos internacionales.

Consideró que en los contenidos de la legislación que la Cámara de Diputados se dispone a discutir, “hay mínimos irreductibles que no se están considerando de manera adecuada como el limitar el derroche de gasto en publicidad oficial, tener un enfoque de derechos en la comunicación del gobierno y evitar la promoción personalizada de servidores públicos”.

Estos aspectos, denunció Contreras Julián, no son abordados en el proyecto de dictamen que ha circulado en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Señaló que en lo que hace al gasto en materia de publicidad oficial, el Grupo Parlamentario de Morena pugnará porque se establezca un límite de gasto para evitar el derroche de recursos públicos y evitar su discrecionalidad por parte del Gobierno.

Precisó que de acuerdo con la organización Fundar, el Gobierno Federal ha gastado en este rubro 71 por ciento más de los recursos autorizados por la Cámara de Diputados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Ello, agregó, porque en los cuatro años de la Presidencia de Enrique Peña Nieto, se aprobaron 21 mil 99 millones de pesos, pero se ejercieron 36 mil 261 millones de pesos; es decir, una diferencia de 15 mil 162 millones de pesos.

Asimismo, destacó que el gasto va en aumento sexenio tras sexenio, ya que con el entonces presidente Vicente Fox se destinaron 16 mil 324 millones de pesos, mientras que con el expresidente Felipe Calderón fueron 32 mil 867 millones de pesos, por lo que resulta importante establecer un límite del presupuesto asignado para publicidad gubernamental.

En ese contexto, la diputada Maricela Contreras consideró indispensable tener un enfoque de derechos en la comunicación del gobierno y evitar la promoción personalizada de servidores públicos, pues son principios rectores que se abordan de manera superficial en el proyecto de dictamen de la Ley de Comunicación Social.

Lamentó que no se establecen obligaciones del Gobierno para emitir mensajes en lenguas indígenas o para personas con alguna discapacidad, ni para prevenir y erradicar la discriminación y la violencia, ni tampoco para fomentar el respeto de los derechos humanos.

La legisladora federal por la Ciudad de México urgió a tener una discusión seria y sin caer en las prisas de su aprobación para evitar la posible destitución como diputados y senadores por incumplir una sentencia de amparo del máximo tribunal del país.