Por: Redacción 

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México la población mayor de 60 años supera los 10 millones de habitantes, cifra equivalente a poco más del nueve por ciento de los mexicanos.

Del total de esa población, 70 por ciento es funcional, se vale por sí misma y lleva a cabo sus tareas básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria, como comer, trabajar, bañarse, trasladarse o desempeñar cualquier otra labor.

Con motivo del Día Nacional del Adulto Mayor, que se conmemora hoy, 28 de agosto, Verónica Montes de Oca, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), y Marissa Vivaldo Martínez, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM, señalaron que el principal recurso económico del que dispone este sector es el apoyo familiar o de la comunidad, y sólo el 25 por ciento es beneficiario de una jubilación o pensión económica.

Montes de Oca, titular del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV), indicó que un porcentaje importante de los más de 10 millones de personas mayores que viven en el país sigue trabajando “hasta que el cuerpo aguante”, pues las pensiones y transferencias institucionales que perciben cada mes son muy bajas.

Apuntó que pese a su edad o a haberse jubilado, una parte significativa continúa laborando en actividades económicas no formales o en el subempleo. Eso refleja la necesidad de ver al envejecimiento no como una situación catastrófica ni de deterioro, pues ellos siguen contribuyendo a la economía nacional, pero como con todo grupo etario, debemos luchar por que alcancen condiciones más equitativas y una vida digna, remarcaron las universitarias.

La investigadora del IIS señaló que si bien cada vez existe más conciencia sobre el maltrato hacia las personas mayores, “no podemos dejar de pensar que hay ciertas condiciones estructurales en el país –como pobreza, desempleo y falta de cobertura universal de salud– que hacen que un 20 por ciento de la población adulta, en promedio, sea dependiente de sus familiares por las condiciones de morbilidad múltiple (diferentes enfermedades) que desarrollan.

Eso también agota a las familias e implica un costo emocional que el Estado y la sociedad no pueden resolver por no estar preparados para ello. Es necesario, dijo, invertir en un sistema de cuidados a nivel nacional, que en verdad ayude al núcleo familiar para hacer frente a estas situaciones.

“Debemos pensar que han contribuido mucho con la sociedad y ya se ganaron sus derechos, que en realidad tienen desde que nacieron, pero no les han sido reconocidos. Ése también es un gran problema, que en México y América Latina está cambiando de manera positiva”, dijo.

En junio de 2015, mencionó, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos aprobó, por unanimidad, la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, primer instrumento jurídico específico en la materia para promover, proteger y asegurar el reconocimiento y pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de ese sector que vive en la región.

Montes de Oca indicó que nuestro gobierno realiza los trámites necesarios para ratificar esa convención, un instrumento que no existe en ninguna otra parte del mundo y que obliga a los tomadores de decisiones a hacer lo posible para garantizar la realización plena de la vida de este sector.

La científica social reconoció que cada vez hay más conciencia sobre el tema. “El hecho de que cada año se tome en cuenta a las personas mayores y, sobre todo, se visibilice su situación a través de los medios de comunicación, es un paso importante”, mencionó.

Además, abundó, en la nación cada vez hay más programas sociales encaminados a apoyarlos. Desde hace una década la Ciudad de México está a la vanguardia en América Latina y el mundo. No obstante, falta mucho camino por recorrer para llegar al reconocimiento real de los derechos de las personas mayores.

Los retos en esta materia son, entre otros, ratificar la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores y establecer la cobertura universal de salud que atienda todas las enfermedades, incluidas las crónico-degenerativas.

También, replantear el sistema de pensiones, así como estimular a las familias y comunidades para establecer mecanismos de inclusión y participación directa de este sector en la toma de decisiones. “En muchas comunidades lo hacen, pues son la autoridad y tienen la experiencia”.

Por último, Marissa Vivaldo, también integrante de la Unidad de Investigación en Gerontología de la FES Zaragoza, resaltó que tanto la Unidad como el SUIEV buscan evitar la geriatrización del envejecimiento: ni todas las personas mayores están enfermas ni requieren servicios médicos de alta especialidad. “Los problemas de salud en general de la mayoría de los viejos pueden resolverse en el primer nivel de atención”.