• El Comisionado Oscar Guerra Ford expuso que, a partir de la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014, el país ha registrado un crecimiento importante en el número de solicitude

Por: Redacción/

En México, se presentan anualmente un promedio de 300 mil solicitudes de información, a nivel federal, y un millón, a nivel nacional, expusieron Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), durante la Primera Reunión de la Red de Transparencia y Rendición de Cuentas, convocada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El Comisionado Oscar Guerra Ford expuso que, a partir de la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014, el país ha registrado un crecimiento importante en el número de solicitudes, al pasar de 180 mil, por año, en la Federación, a más de 300 mil, y en el ámbito nacional, a más de un millón.

Planteó que, si bien en 2020 hubo un descenso del 15 por ciento en el número de solicitudes de información, a consecuencia de la crisis sanitaria, se prevé que después de la pandemia incrementarán los requerimientos por parte de la ciudadanía para exigir transparencia y rendición de cuentas, sobre todo, en el manejo de la política de salud.

Guerra Ford detalló que hay interés por conocer sobre la aplicación de las pruebas de COVID-19, el presupuesto en salud, los programas emergentes para la atención de grupos vulnerables, los contratos para la compra de vacunas y los programas de vacunación.

“Creo que después de la post pandemia tendremos una sociedad muy activa, que a lo mejor anteriormente no utilizaba mucho este derecho”, apuntó. Reconoció que el porcentaje de la población que ejerce el derecho es bajo; sin embargo, sostuvo que cada solicitud puede tener un alto impacto en la sociedad, como lo han demostrado diversas investigaciones periodísticas.

“En México el acceso a la información tiene un impacto importante al poner a la luz pública, muchos lamentables hechos de corrupción, que hoy están siendo investigados y ojalá no queden impunes”, resaltó.

A su vez, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez expuso que del 15 de marzo del año pasado al 15 de enero se han identificado más de 31 mil solicitudes de acceso a la información a nivel nacional relacionadas con la pandemia, las cuales se revisan y categorizan, para poner a disposición de la sociedad información útil y oportuna, a través del micrositio Transparencia Proactiva COVID-19, desarrollado por el INAI, que acumula más de 92 mil visitas.

Agregó que el Instituto también se ha dado a la tarea de revisar cada una de las conferencias de prensa vespertinas que da diariamente el Gobierno Federal para informar la evolución de la pandemia, a partir de las cuales se han identificado los temas de mayor interés para la sociedad en el contexto de la crisis sanitaria.

Alcalá Méndez consideró que la transparencia proactiva, entendida como la difusión de información basada en evidencia por parte de las autoridades, es una vía para combatir la infodemia.

“Hoy más que nunca las instituciones se han puesto a prueba para difundir información verdadera y basada en evidencia”, subrayó.

Destacó que uno de los principales retos es lograr que el derecho de acceso a la información llegue a los sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad e impacte en mejorar su calidad de vida.

“Desde el Instituto, tenemos la misión y la visión de ir hacia esos grupos vulnerables y transformar el derecho de acceso a la información en un lenguaje sencillo y accesible”, aseveró.

En su intervención, Markus Spoerer, de la Oficina del Ombudsman de la Unión Europea, destacó que la trasparencia es indispensable para generar confianza en la ciudadanía y posibilitar su participación en la toma de decisiones; no obstante, resaltó que la Ley de la Unión Europea no prevé el derecho de acceso a la información si no a documentos específicos, por lo que “los ciudadanos no pueden solicitar información de cualquier política, actividad o decisión de las instituciones”.

Finalmente, Oddur Thorri Vidarsson, de la Oficina del Primer Ministro de Islandia, señaló que en ese país el órgano encargado de resolver las controversias en materia de acceso a la información es el Comité de Apelación Independiente, pero aún tiene retos importantes, pues, por ejemplo, no cuentan con datos precisos sobre el ejercicio de este derecho.

“En Islandia, como en la mayoría de los países nórdicos, el único debate público respecto al acceso a la información surge cuando tenemos algunas cuestiones para mejorar el sistema”, apuntó. El panel fue moderado por Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Acces Info Europe; participaron también Charlotte Denise, Analista de Políticas de Gobierno Abierto de la OCDE, y Katju Holkeri, Ministra de Finanzas de la República de Finlandia.