Por: Redacción

El presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez, Jesús Valencia Guzmán (PRD), indicó que, a pesar de que México cuenta con un marco jurídico importante en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, no se cumple, ya que 2.5 millones de menores laboran.

En el foro “Retos y desafíos ante el trabajo infantil, hacia una agenda legislativa”, señaló que es necesario articular agendas locales con actores estratégicos, a fin de construir instrumentos para la prevención y erradicación de este fenómeno social, para evitar que niñas, niños y adolescentes formen parte de la delincuencia organizada.

La realidad, enfatizó, es que en nuestro país, con carencias tan importantes, las niñas, niños y adolescentes que tienen la necesidad de salir a trabajar corren el riesgo de abandonar sus estudios e inmiscuirse, primero, en algún tipo de adicción y posteriormente en la delincuencia organizada.

Valencia Guzmán dijo que se han realizado cambios importantes en el paradigma laboral en el país como la reforma al artículo 123 de la Constitución Política, que modificó la edad mínima de admisión al empleo, la cual pasó de 14 a 15 años; sin embargo, “no podemos cantar victoria”.

Por el contrario, continuó, “debemos contribuir a la erradicación del trabajo infantil y crear disposiciones jurídicas que tengan el objetivo de reintegrar a los niños a la escuela o evitar que quienes estudian la abandonen, así como establecer mayores sanciones a quienes empleen a menores de 15 años”.

Expresó que ningún aspirante a gobernar en los estados, donde recientemente hubo elecciones, tomó en cuenta a las niñas, niños y adolescentes trabajadores de México, la mayoría incorporados en el mercado informal. Tan sólo el 50 por ciento de los menores que trabajan en la Ciudad de México provienen del Estado de México, señaló.

El objetivo del foro, afirmó, es iniciar la construcción de una agenda legislativa en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, a fin de sensibilizar y brindar herramientas que permitan a los actores involucrados sumar acciones focalizadas a erradicar este problema.

Precisó que, de acuerdo con especialistas, el trabajo infantil está ligado a la pobreza, lo que significa que, en muchos de los casos, su involucramiento en una actividad productiva obedece a una necesidad económica, como complemento al apoyo familiar. Sin embargo, agregó, lo que aporta un niño a la economía de la familia no representa un mejoramiento en el nivel de vida.

La representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, Pressia Arifin-Cabo, resaltó que, a pesar de avances legislativos, en México todavía existe un número considerable de niñas, niños y adolescentes que trabajan por debajo de la edad permitida, en condiciones que los vulneran y privan del acceso a sus derechos.

Sostuvo que, en el mundo, 168 millones de infantes, entre 5 y 17 años trabajan, se les cancela su derecho a ir a la escuela, ponen en riesgo su salud y están expuestos a condiciones de violencia y explotación, privándolos de su infancia, desarrollo y bienestar.

Destacó que más de 11 millones laboran en el servicio doméstico, donde la gran mayoría son niñas expuestas a la explotación y el abuso sexual.

Otros casos, continuó, son los niños que producen en la agricultura, la pesca, la caza y la silvicultura, viven lejos de sus hogares, de clínicas u hospitales, y no tienen acceso a servicios básicos ni mecanismos de protección.

Respecto a los infantes involucrados en actividades de manufactura (7 por ciento), la mayoría se encuentran expuestos a condiciones peligrosas.

Asimismo, el trabajo infantil también es utilizado en actividades de canteras y mineras; por lo general, en minas de pequeña escala que operan en la economía informal, donde trabajan largas horas y llevan cargas pesadas que les ocasionan deformaciones físicas, problemas de salud e incluso la muerte.

Aseguró que es preciso fortalecer los sistemas de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como generar esfuerzos relacionados en el marco de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la protección de adolescentes trabajadores en edad permitida.

Asimismo, generar mayor información sobre la situación de los infantes que trabajan en México, ya que cifras actuales no brindan datos sobre los hijos de jornaleros agrícolas, los que laboran en las calles ni los que realizan empleo doméstico, entre otros.

Coincidió en que el trabajo infantil es reflejo de la situación precaria y las dificultades económicas que enfrentan muchos hogares en México, vinculados a la pobreza y la desigualdad, por lo que es importante que el gobierno federal profundice las causas de esta problemática y que los esfuerzos sean integrales bajo una estrategia nacional.

En 2013, continuó, 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 a 17 años, realizaban alguna actividad económica; de estos, 40 por ciento tenía entre 5 y 14 años, es decir, se encontraban por debajo de la edad legal para trabajar. Por otro lado, el porcentaje de niños que recibe hasta un salario mínimo es de 26.7 por ciento y 31.9 por ciento son niñas.

A pesar de lo anterior, enfatizó, la meta 8.7 de los objetivos de desarrollo sostenible, respecto al trabajo y el crecimiento económico, de la OIT, exige a los Estados medidas inmediatas para asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil y estima que en 2025 se logre la erradicación de este tipo de empleo en todas sus formas.

Helmut Schwarzer, oficial a cargo de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, sostuvo que en nuestro país existe una tasa del 8.4 por ciento en trabajo infantil, por encima de la media del promedio en el continente, estimado el año pasado en 7.6 por ciento.

Para que el trabajo infantil sea erradicado, es necesario no recortar el presupuesto a la educación ni a los programas de protección social; es preciso fortalecerlo, ya que tiene una correlación directa con el empleo de menores.

Recomendó profundizar en medidas preventivas, cumplimiento de derechos de los menores, revisar marco normativo para eliminar contradicciones, y priorizar acciones en regiones donde se identifica mayor prevalencia del trabajo infantil.

El especialista de la OIT mencionó que en América Latina, en el periodo del 2000 al 2012 hubo una reducción de 7.5 millones de menores trabajadores.

En América Central se tenía en el año 2011 una tasa del 8 por ciento en trabajo infantil, en el Cono Sur se registró un índice del 5.5 por ciento y en la región Andina, el 12 por ciento.

Los factores que han permitido la reducción del trabajo infantil en este periodo es que la pirámide demográfica se revirtió, y se implementaron políticas públicas para la promoción de la asistencia escolar y el combate a la pobreza.

Para retirar a los menores del trabajo infantil se debe sancionar de modo claro, especialmente, aquellos que vulneran su seguridad; fortalecer acciones de prevención y garantizar sus derechos, a fin de evitar la integración de nuevos grupos de menores al mercado laboral.

Helmut Schwarzer, informó que la OIT en conjunto con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), elaboraron una herramienta que permite a los países fortalecer sus acciones por medio de un modelo predictivo que utiliza datos y estadísticas de las naciones, a fin de identificar donde hay más probabilidad de que el trabajo infantil se desarrolle y generar una acción específica en dicho territorio. “En México estamos trabajando en la implementación de este modelo”.

La Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Amalia García Medina, señaló que una iniciativa para reducir el trabajo infantil serían las escuelas de tiempo completo. Ello significaría que los niños que accedan a estas instituciones y vivan en un entorno familiar con una condición económica precaria, tendrían acceso a dos alimentos por día, posibilidad de estar en un entorno donde se les brinde alimentación, educación, atención en su salud y acceso a material escolar y uniformes.

En la Ciudad de México hubo una reducción del 15 por ciento del trabajo infantil, al pasar de 85 mil niños que estaban documentados por la propia Secretaría de Trabajo y Prevención Social del gobierno federal, a 70 mil. Esta cifra se redujo debido a los convenios con empresas para aligerar este problema.

Se desarrollaron el año pasado 4 mil 160 inspecciones en Centros de Trabajo, para detectar en dónde había trabajo infantil y aplicar las sanciones correspondientes.

García Medina expuso que un millón de niñas y niños de 5 a 17 años de edad trabajan en el país; el 70 por ciento son niñas que en ocasiones no son originarias de esta metrópoli, si no que la mayoría vino de zonas rurales y están en el trabajo doméstico.

Se tiene el compromiso para garantizar los derechos de niños y niñas, así como su interés superior, su acceso a educación, salud, alimentación, cultura y a desarrollarse plenamente. Estas medidas buscan avanzar hacia el objetivo de que los niños y niñas estén en un espacio escolar con horario extendido para disminuir el trabajo infantil.

Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, sostuvo que el Convenio 182 de la OIT, que prohíbe las peores formas de trabajo infantil, no se cumple a cabalidad; el Estado mexicano no ha emitido la tabla que identifique dichas actividades, pese a que es su obligación.

Sobre la edad mínima para que puedan trabajar los niños y adolescentes, fijada en 16 años de acuerdo al Convenio 138 de la OIT, en el país se permite que sea entre 15 a 16 años bajo ciertas condicionantes. Sin embargo, a pesar de que existe esta normatividad se sigue violentando no sólo en la Ciudad de México sino en todas las entidades.

Pidió “no criminalizar el trabajo de menores”, porque muchos de ellos ya tienen una familia que mantener y en razón de ello salen a las calles a trabajar, por eso se tienen que conjuntar las políticas públicas y atacar de fondo el problema. Otras veces, el ingreso familiar no es suficiente y eso propicia que laboren, porque no les alcanza para adquirir la canasta básica, menos garantiza que tengan acceso a estudiar.

Llamó a la Cámara de Diputados a etiquetar mayor presupuesto a la educación, a fin de asegurar su acceso a los menores, garantizar la impartición de justicia, alimentación, cultura y diversión, porque no se han logrado suficientes avances que protejan a esta población, por lo que en este momento se tiene la oportunidad de rectificar mediante la normatividad que se ha reformado y atender los convenios internacionales firmados por el gobierno mexicano.

Graciela Vargas García, subdirectora de Protección Laboral Infantil, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, destacó que en la última medición realizada en 2015, la tasa de ocupación laboral infantil no permitida era del 7.5 por ciento, poco más de 2 millones 217 mil menores debajo de la edad permitida para el empleo o la actividad; no obstante, aclaró, esta estadística bajó alrededor de 2 puntos porcentuales en los últimos dos años.

De esta cantidad de niños en actividades no permitidas, 29.8 por ciento trabaja en el sector agropecuario, 25.3 por ciento labora en servicios, 22.6 por ciento se dedica al comercio, 13.8 por ciento en industrias, 6.7 por ciento en el ramo de la construcción, mientras que 1.8 por ciento restante se dedica a actividades no específicas.

Planteó reforzar la identificación y prohibición de trabajos peligrosos para menores de edad, para lo que deben unirse esfuerzos con la Secretarías de Trabajo locales, atender los factores que provocan la generación de “ninis”, impulsar un piso de protección social para evitar que familias recurran al trabajo infantil y ampliar las oportunidades de trabajo para adolescentes en la edad permitida, pero sin que ello afecte sus estudios escolares.

Al dar las conclusiones del foro, el secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez, Rafael Hernández Soriano, consideró que el trabajo infantil es una realidad que es justificada bajo la necesidad de las familias, así como factores que van desde el machismo hasta la explotación.

La pregunta es dónde queremos que estén nuestras niñas y niños ¿Queremos que estén trabajando, que estén siendo explotados en una tintorería de la Ciudad de México o recibiendo una educación integral?

Aún falta presupuesto e implementar políticas públicas, por lo que, dijo, “debemos entrarle, junto con las organizaciones internacionales, las de la sociedad civil; se necesita crear sinergias en todos los niveles de responsabilidad para lograr la erradicación del trabajo infantil”.

“La herramienta que tenemos para erradicar estas prácticas nocivas que afectan a la población infantil es la educación que permea a través de los órganos de gobierno hacia la sociedad”.