Por: Redacción

La seguridad alimentaria no está garantizada a largo plazo; 23 por ciento de las familias padecen pobreza alimentaria y hay problemas de desnutrición hasta en 14 por ciento de los niños, sobre todo en el medio rural. En contraste, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición refiere que 30 por ciento de los infantes padecen sobrepeso u obesidad, junto con 70 por ciento de los adultos.

En este tema persisten paradojas imperdonables: excesos y éxitos por un lado y, por el otro, la persistencia de carencias. Este elemento debe dejar de ser una aspiración y convertirse en una solución al problema del desarrollo del campo, a los rezagos sociales y a un país vulnerable en todos los órdenes, afirmaron expertos Al participar en los Foros Universitarios “La UNAM y los desafíos de la nación”, con el tema Seguridad Alimentaria.

En el auditorio Pablo Zierold Reyes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), el director de esa entidad, Francisco Suárez Güemes, indicó que el objetivo del foro es discutir y proponer esquemas que garanticen la seguridad alimentaria en México, de cara a los retos que impone el nuevo contexto geopolítico y socioeconómico mundial.

Al respecto, Cassio Luiselli Fernández, miembro del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), sostuvo que en nuestro país este asunto es de claroscuros:

Se dispone de tres mil 145 kilocalorías diarias por persona, un promedio de los más altos del mundo, cuando la FAO recomienda dos mil 362. Ese exceso esconde insuficiencias que obligan a matizar los índices. México es heterogéneo y tiene grupos, territorios y entidades muy vulnerables. De ese modo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señala que sólo 50 por ciento de las familias encuestadas manifiestan tener seguridad alimentaria, y ocho por ciento tiene alta inseguridad.

Felipe Torres Torres, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas, sostuvo que ese concepto debe superar estrategias como implementar programas localizados en ciertas regiones, de impacto temporal restringido, y que después olvidan los gobiernos. Debe ser parte de una estrategia que permita una mejor distribución del ingreso y superar la pobreza, ser un garante de la soberanía nacional y parte de un proyecto estratégico de desarrollo económico.

Para Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario, las políticas públicas son fundamentales y se debe tomar ejemplo de lo que hacen otros países con el común denominador de fortalecer la producción doméstica de alimentos. “Deben ser incluyentes y tener definida la vocación productiva de cada región; hay gran potencial en el centro y sur-sureste, donde se concentra el 75 por ciento del agua disponible para el sector; no obstante, la mayoría de la producción se hace en el norte”.

En tanto, Horacio Santoyo, de la Universidad Autónoma Chapingo, destacó el concepto de intensificación sustentable de la agricultura, que se refiere a aumentar los rendimientos, la productividad, pero sin impacto ambiental y sin hacer crecer la frontera agrícola. A ello deben sumarse políticas públicas de mediano plazo basadas en evidencia y con rendición de cuentas, además de restablecer la capacidad de investigación y transferencia de tecnología.

El integrante de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, José Luis Díaz, resaltó que ante el panorama actual y la renegociación del Tratado de Libre Comercio, en los próximos meses ese organismo deberá “hacer política” para construir alianzas entre productores primarios, el sector agroalimentario en general, el gobierno –que “nos representará en las negociaciones”– y los productores de Estados Unidos y Canadá.

Jesús Moncada, director general del Colegio de Postgraduados, opinó que el campo debe evolucionar, pero requiere organización, capital humano y social. “La agricultura productiva es una estrategia real para mitigar la pobreza, proteger el medio ambiente y contribuir a la seguridad alimentaria”. La innovación y el desarrollo participativo son estrategias eficaces para el crecimiento.

Problema multifactorial

En la segunda parte del foro, Verónica Villarespe Reyes, directora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), dijo que la seguridad alimentaria del país se ve amenazada por las condiciones internas de la política económica, que generan insuficiencia de oferta agropecuaria para satisfacer la demanda interna de alimentos; y también por la crisis económica recurrente, que deteriora los niveles de ingreso y concentra la riqueza de tal manera que el acceso a los alimentos se ve restringido en diversas regiones y para grupos amplios de la población.

En su oportunidad, Alfredo Cuéllar Ordaz, director de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, expuso que se trata de un problema multifactorial que requiere de enfoques multidisciplinarios. Propuso incrementar el valor agregado de los alimentos mexicanos mediante la protección de marcas, la denominación de origen y el trabajo con productos orgánicos, para los cuales la UNAM podría fungir como instancia certificadora.

Carlos Labastida Villegas, director del Programa Universitario de Alimentos (PUAL), sostuvo que en el país no existe una política alimentaria clara e integral, aunque ésta debe ser la base de la política económica nacional. En 2014 había 55.3 millones de mexicanos en pobreza, mientras que siete de cada 10 adultos eran obesos. “Diabetes y obesidad son grandes problemas de salud pública, mientras la pobreza ligada al campo sigue creciendo”.