Por: Redacción/

Para caminar hacia un posextractivismo y una nueva forma de vida en México, el gobierno debe reajustar el débil marco jurídico fiscal para que las grandes empresas mineras, petroleras y del agua paguen mayores impuestos y se evite el daño a los ecosistemas, en este momento de crisis sanitaria, económica, alimentaria y energética, declaró la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Las leyes en dichos ámbitos deben adecuarse, considerando que la agroindustria provocó modificaciones en especies monogénicas que derivarían en la posible generación de virus y que la pandemia del COVID-19 ha tenido un costo mundial –entre enero y marzo– de 300 mil millones de dólares.

“A nivel global hemos vivido seis contingencias del tipo en el último siglo: las gripes aviar y porcina, el SARS, el MERS, el ébola y el zika, las cuales nos han costado 400 mil millones de dólares”, además de que México afronta una gran problemática para salir de esta crisis, debido a la cercanía con Estados Unidos y a que las compañías extractivas vinculadas con ese país están sujetas a las decisiones” de Washington, explicó la profesora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco.

México tiene también que terminar con la “vieja creencia de que debemos seguir viviendo del petróleo para el desarrollo y el crecimiento, por lo que hablar de la matriz energética y los fósiles sería muy importante para salir” de la política seguida hasta ahora, ya que no es conveniente apostar al crudo en este momento ni en el futuro, porque se necesitaría que el barril alcanzara precios de 50 dólares.

Tampoco es conveniente depender del sector extractivo debido al impacto en el medio ambiente y en el plano laboral, en virtud de que las firmas se apropian de las tierras y los recursos naturales y se dedican a especular en la Bolsa de Valores, sin reportar beneficios sociales a las comunidades.

En la ruta hacia dejar estas prácticas nocivas para el hábitat debiera revisarse la parte fiscal, porque las empresas no pagan impuestos como corresponde y 350 mil personas han solicitado el seguro de desempleo, subrayó la presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica.

La maestra Beatriz Olivera Villa, investigadora de Fundar México, Centro de Atención de Análisis e Investigación, destacó la relevancia de hablar de extractivismo porque justo lo que “vemos en esta pandemia es una serie de regulaciones que han favorecido a la minería y los hidrocarburos, en detrimento del campo mexicano,” por lo que valdría preguntar si el gobierno seguirá apostando a proyectos que no representan una actividad esencial.

La moderadora del seminario virtual Extractivismo ante la crisis, sus impactos y alternativas de desarrollo –organizado por Fundar México– señaló que hace falta una ley que materialice lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que “en nuestro territorio ya no se realizará fracking”.

El licenciado Víctor Suárez, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, dijo que una prioridad de la administración federal es el rescate del agro, dejando atrás el modelo neoliberal dominante por más de 35 años y a partir de la autosuficiencia alimentaria de campesinos e indígenas.

En el Seminario participaron además Leticia Pech Chalé, presidenta de la Fundación De mujer a mujer; la licenciada Aleira Lara Galicia, directora de campañas de Greenpeace, y Giovanna Vásquez Luque, gerente de la Convención Nacional del Agro Peruano.