Por Vicente Flores

El desplazamiento forzado son consecuencia de las experiencias traumáticas de conflictos violentos, que generan condiciones de sufrimiento y penalidad para las poblaciones afectadas, quienes tienen que dejar su hogar para habitar en una zona de menor riesgo.

“Recuerdo bien que unos se metieron a buscar a la casa mientras otros vigilaban afuera. Entraron y empezaron a gritarnos malas palabras a mi mamá y a mí. Uno de ellos me agarró…Me encañonó. Traía dos pistolas y una escopeta. Los otros buscaron por toda la casa, debajo de las camas y todo. Mi abuelo estaba acostadito, en su hamaca. Ya está viejo, tiene 85. A él lo rodearon apuntándole, como si se les fuera a ir ¡pues cómo! Querían que les entregáramos a mi papá, según qué porque él sabía dónde se escondía ‘No sé quién'(…). Ya vaciaron mi casa y envenenaron a los animales… Lo tuvimos que dejar todo, así, nada más, de repente, la casa, la gente, los animales… y al abuelo” dice una joven de 17 años que fue desplazada de su hogar en Michoacán hacia Colima.

La violencia en México, de acuerdo con el último informe sobre el tema, presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha obligado a 35 mil 433 personas a marcharse de sus casas desde 2007, lo cual, de acuerdo con el ombudsman nacional, Luis Raúl González, presenta una incapacidad del gobierno para combatir las causantes de inseguridad.

Por otro lado, distintos organismos protectores de derechos humanos informaron de la existencia de 6,685 víctimas más y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reportó haber dado atención a 5,364 familias de personas indígenas desplazadas de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca, lo que equivale a 16,092 personas.

En conferencia de prensa efectuada en las instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico de la Ciudad de México, González Pérez señaló que por las características propias del fenómeno no existe información completa, actualizada y verificable sobre el número de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en México, cuya magnitud y alcances reales aún deben investigarse y determinarse de manera objetiva e integral.

“Las dificultades para abordar este tema –explicó— empiezan desde el hecho de que no exista dentro del sistema jurídico mexicano, una norma que establezca qué debemos entender por desplazamiento forzado interno o que establezca un marco de actuación frente al mismo. Quien sufre un desplazamiento forzado en nuestro país queda en vulnerabilidad, tanto por las condiciones inherentes al hecho mismo del desplazamiento, como por la falta de normas y capacidades institucionales específicas para la protección, acompañamiento y asistencia a las víctimas”.

Causas y efectos del desplazamiento forzado

Más allá de las cifras de los desplazados, este fenómeno provoca rupturas familiares, cortan lazos sociales y culturales y ponen término a relaciones de empleo sólidas ademñas de que y exponen a personas inocentes a actos de violencia en forma de ataques a los campamentos, desapariciones y violaciones.

Los desplazamientos por violencia se dan en un contexto de violencia y lucha entre cárteles de la droga por los campos de producción, por lo que los habitantes se encuentran entre dos opciones: colaborar en los actos ilícitos o abandonar su lugar de residencia, explica la comisión en el informe sobre desplazamiento forzado.

Las formas de generar presión por parte del crimen organizado son diversas. En muchos casos se apoderan de ganados, cultivos y tierras, sin que los afectados reciban protección por parte de las instancias competentes. Además, según los testimonios recabados por personal de la comisión, estos grupos tienen más presencia que las propias autoridades en algunas zonas.

El ombudsman nacional, señaló que es necesario que el Estado Mexicano reconozca este problema y adopte una postura unívoca que de solución a los miles de pobladores de zonas en conflicto quienes han dejado sus lugares de residencia por la violencia y el miedo.

“Es preciso elaborar un diagnóstico nacional y oficial sobre el desplazamiento forzado interno en México, como una herramienta fundamental para la construcción de políticas públicas y programas eficaces, abordando sus consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas en el país. En este sentido, la realización de un levantamiento censal que contemple el desplazamiento forzado interno sería de gran relevancia”, afirmó.