Por: Aldo Herrera
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos supervisa el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), el cual es ya un indicador importante de referencia obligada como consulta, tanto para autoridades como para académicos e interesados en el tema.
A continuación se presentan algunos de sus indicadores:
El DNSP 2014 se hizo sobre una muestra de los 130 centros estatales penitenciarios más poblados del país, incluyendo varoniles, mixtos y femeniles, en las 32 entidades federativas, cuya población al momento de aplicarse era de 195,329 internos; también, se visitaron 20 centros federales, entre los cuales se encuentran los 5 que conforman el Complejo Penitenciario Islas Marías y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial.
El estudio abarcó el 90.06% del total de la población penitenciaria nacional, lo que significó un incremento de 2.44% respecto del porcentaje considerado en el DNSP 2013; que fue de 87.62%; de 79.93% en el de 2012, y de 75.10% en 2011.
Para la aplicación del DNSP 2014 se llevaron a cabo mejoras en relación a las cédulas utilizadas para la obtención de información, planteándose para el próximo año realizar cambios para agilizar los direccionamientos de manera cualitativa, permitiendo identificar, tanto logros, como deficiencias.
Los resultados del DNSP 2014, integrado tanto por la información obtenida en las visitas realizadas en ese año, como por el análisis que llevó a cabo el personal en funciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, así como con las entrevistas a los funcionarios de los centros penitenciarios, arrojaron diversas situaciones, entre las que destacan:
En la mayoría de los centros visitados se detectó una gran insuficiencia de actividades laborales, de capacitación para el trabajo, educativas, deportivas, sobrepoblación y hacinamiento; deficiencias en la clasificación entre procesados y sentenciados e insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.
En la imposición de sanciones se observó que en 85 de los centros visitados no se respeta el derecho de audiencia, no siempre se realiza certificación de integridad física y durante el cumplimiento de la sanción, ésta no se apega a condiciones de vida digna.
En 100 centros visitados, se detectaron carencias respecto a las áreas que deben conformar las instalaciones, a fin de que reúnan las condiciones necesarias para cumplir con sus objetivos, así como dormitorios con deficientes condiciones materiales y de higiene, falta de mantenimiento, de agua y de mobiliario.
En 81 centros, existen áreas de privilegios así como objetos y sustancias prohibidas e internos que ejercen violencia y control sobre el resto de la población.
En 78 centros faltan manuales de procedimientos para el ingreso, traslado de internos, uso de la fuerza, solicitud de audiencias con autoridades, presentación de quejas, ingreso de visitantes, revisión de estancias y funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario; regulación de las actividades diarias de los centros, así como también la deficiente o nula difusión de la normatividad que los rige.
Otra problemática detectada es la deficiencia en el control de los centros por parte de la autoridad, permitiendo que los internos intervengan con poder de decisión en la seguridad, los servicios y las actividades, productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza, así como el control de ingreso de visitas tanto familiar como íntima, uso de teléfonos y otros, situación
que se observó en 73 de los centros estatales visitados.
De igual manera, en 72 centros de estos centros se observaron deficiencias en la alimentación, tanto en su elaboración, distribución y calidad, como en la falta de utensilios para su consumo.
El derecho a la salud de los internos se ve vulnerado, ya que se observan deficiencias en los servicios médicos de 54 de los centros visitados, particularmente insuficiencia de medicamentos, de material de curación e instrumental, así como de personal para atender a los internos, situación
particularmente significativa tratándose de mujeres, dado que en varios establecimientos no hay un área médica específica para ellas y en los casos de centros mixtos tienen que acudir al consultorio en el área varonil.
En los Centros Federales visitados, se observó la situación de personal insuficiente que garantice la seguridad de las instituciones por lo que en 19 de los 20 centros visitados se detectó esta situación con carácter grave.
Otro tema de relevancia e incidencia frecuente, detectado en la mayoría de los centros federales, es el relativo a la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, así como educativas y deportivas, detectada en el 75% de estos centros.
De igual forma, se detectan en los centros federales situaciones de riesgo para garantizar el trato digno a los internos durante su ingreso y estancia, ya que en 13 centros hay internos que permanecen por casi 20 horas en su celda de manera cotidiana.
Por otra parte, se observó que en un gran número de casos la población penitenciaria se encuentra interna en lugares muy lejanos a su domicilio, lo que provoca deficiencias en la vinculación con el exterior, dadas las escasas oportunidades para recibir a sus visitas, lo cual se observó en 15 centros visitados.
En cuanto a las prisiones militares, la situación más recurrente que se detectó es la relativa a la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, que dificulta la adecuada reinserción social.
Finalmente, la violencia al interior de los centros de reclusión está relacionada con diversos factores derivados de las condiciones de sobrepoblación y hacinamiento; de las deficiencias en las acciones para prevenir incidentes violentos, en base a lo anterior es importante mencionar que el total de incidentes reportados durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 fue de 1,737 incidentes, siendo éstos 993 en los centros estatales, 740 en los federales y 4 en las prisiones militares.
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