Por: Redacción/

El presidente de la Comisión de Infraestructura, diputado Ricardo Francisco Exsome Zapata, anunció que en el próximo periodo de sesiones se presentarán reformas al marco jurídico que rige la contratación de obra pública.

Durante la conferencia plenaria: “Agenda para promover la integridad en las contrataciones públicas” del taller de discusión “La competencia económica en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024”, resaltó que el gran problema de México en la contratación de obra pública y en muchos sectores, es que no se respeta la ley y no hay consecuencias, derivando en corrupción e impunidad.

“De nada sirve tener el mejor marco jurídico si no se cumple. No tenemos una mala ley. La realidad es que no es la mejor y probablemente no garantiza la mayor transparencia, pero deberíamos tener mejores resultados si se aplicara, sólo así se van a cerrar espacios a la corrupción”, aseveró.

Para asegurar que haya transparencia deben publicarse los fallos de las licitaciones y conocer todo el proceso, para cerrar espacios a la corrupción en la contratación de obra pública, flagelo que ya se calificó como delito grave y viene a ayudar, pero si no se cumple de nada sirve.

Explicó que en once foros realizados en diferentes zonas del país, los diversos sectores presentaron más de dos mil propuestas que se evalúan, porque hay una falta de planeación al existir restricciones en la licitación, pues si no participan les quitan el dinero asignado y no les da tiempo de hacer el proyecto y luego licitar. Tenemos que revisar ese tipo de situaciones, apuntó.

La contratación de la obra pública se realiza a través de tres modelos: asignación directa, invitación restringida y licitación pública, considerada la mejor opción esta última. Cada una tiene su razón de ser y obedecen a atender emergencias o situaciones muy serias que no pueden publicitarse. La mayoría de los proyectos se han realizado en los dos primeros esquemas, a veces, sin justificación plena.

“Lo que pasado es que han habido abusos de funcionarios que al licitar toman atribuciones que no les corresponden y se pasan de la raya, en la realidad no hay ninguna consecuencia”.

Se debe exigir que se cumpla el Estado de derecho, como ejemplo señaló la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que lo hará el Ejército. “No dudo de su honorabilidad, pero al hacerlo, estamos en contra del artículo 27 porque ya no están licitando con la Ley de Obras Públicas, y no nos garantizan que haya la competencia ni el mejor precio de contratación”.

Por su parte, Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), mencionó que para incentivar el crecimiento económico de una forma incluyente, es fundamental que se trabaje en la Ley General de Contrataciones Públicas.

Añadió que este marco normativo debe abarcar a todas las entidades e incluir un capítulo específico de obra pública y otro más sobre adquisiciones de bienes y servicios.

Enfatizó que sólo a través de la perspectiva de la competencia se logrará desarrollar la industria nacional y erradicar la corrupción que existe en las licitaciones de bienes y servicios.

El comisionado de la (Cofece), Ignacio Navarro Zermeño, señaló que en las contrataciones públicas la colusión entre empresas puede ocurrir, desde una investigación de mercado, por lo que es fundamental que se diseñen mecanismos que promuevan la concurrencia y la competencia.

Apuntó que para evitar que exista opacidad en las licitaciones de adquisiciones y obra pública, se tendrá que garantizar que los contratos sean competidos desde un inicio y se terminen con los obstáculos de competencias.

Roberto Moreno Herrera, titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, coincidió en que es necesaria una Ley General de Contrataciones Públicas con capítulos específicos para los distintos sectores, ya que en la actualidad hay 32 marcos normativos y en algunos no se contempla la realización de estudios de mercado.

Expresó que el PND 2019-2024 deberá vincular la cuenta pública con el sistema de evaluación del desempeño, pues hoy no se puede hablar que de las contrataciones sin esta conjunción. Propuso la conformación de una plataforma electrónica única, donde se posea un padrón nacional de proveedores; y además y se consoliden las compras transparentes.

Agustín Caso, auditor especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, refirió que se evalúa la forma en cómo se asignan los recursos en el ciclo de planeación, programación y presupuestación en la contratación de la obra pública. Se analiza el beneficio-costo para conocer si las empresas productivas del Estado crean valor económico o no.

Cuando no lo logran se debe a deficiencias en la contratación de insumos productivos, que destruyen el patrimonio por mala preparación de las inversiones y gobernanza en esas empresas y no respetan las leyes en la materia. Como la Estafa Maestra, que es la “forma perversa en que muchas veces las entidades del Estado contratan bienes y servicios. Es un tema que no se puede dejar de mencionar”.

Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, pidió a los diputados que se garantice la transparencia en los contratos realizados por el gobierno y con ello asegurar la competencia; asimismo quitar los requisitos innecesarios y se realice una migración hacia un sistema de contratación digital.

Indicó que otro aspecto a atender, es que los proyectos de infraestructura sólo se contraten cuando se tenga un proyecto ejecutivo, de lo contrario, no se puede cotizar una obra con certeza ni cuánto tiempo llevará construirla.

Conferencia plenaria: “Poder de mercado y bienestar”

En la conferencia plenaria “Poder de mercado y bienestar”, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena), refirió que las políticas social y económica presentadas en el plan se enfocan a alentar condiciones parejas de competencia, para que realmente esta se ejerza de manera libre y no sea disfrazada como en anteriores regímenes, en una especie de neoliberalismo convertido en el capitalismo de compadres que generó corrupción y falta de transparencia.

Se propició ineficiencia en todos los sentidos, producto de que estos temas no hayan sido parte de la agenda de ninguno de los gobiernos, donde la corrupción en muchos sectores económicos empoderó al mercado y alentó la falta de transparencia que provocó una inadecuada participación. Pidió privilegiar la fiscalización.

Jorge Arreola Cavazos, titular de la Unidad de Competencia y Competitividad de la Secretaría de Economía, afirmó que para promover la competencia es prioritario revisar las regulaciones estatales y federales, porque muchas veces el comercio y prestación de servicios se restringe y obstaculiza por las condiciones que prevalecen en los municipios y estados. Urgió a establecer una agenda transversal para impulsar la competencia.

La competencia, aseguró, coadyuva a combatir la corrupción, en particular en la asignación de contratos y así acabar con los privilegios de unos pocos y alentar condiciones equitativas en el mercado. Pidió no menospreciar la importancia de la Cofece ni de los tribunales, por lo que es necesario otorgarles mayores recursos y la permanencia de profesionistas expertos que resuelvan los casos, porque la saturación y rotación de personal provocan tardanza de hasta cinco años.

Andrés Aradillas López, profesor asociado de Economía en la Universidad Estatal de Pensilvania, apuntó que las prácticas anticompetitivas generan que el mercado mantenga artificialmente precios altos, deprimiendo el consumo que distorsiona el ámbito laboral.

Resaltó que la misión de la Cofece es muy importante para conocer las causas que mantienen de manera sostenida los sobrecostos de productos y servicios. Señaló que la disponibilidad de datos confiables como los que ofrece el Inegi, son primordiales para diagnosticar y medir los problemas.

Fernanda Ballesteros, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia, México Evalúa, comentó que la posibilidad de que Cofece presente acciones de inconstitucionalidad contra leyes que contravengan el derecho a la competencia, abre una ventana no sólo a eliminar las disposiciones federales o locales que la afecten, sino generar la cultura y entendimiento de estos temas para promoverlos.

Es prioritario dar seguimiento a los sectores estratégicos y definir los mecanismos de regulación para conocer si se alcanzaron los objetivos como el bienestar social. Se pronunció por la rendición de cuentas. Consideró que el plan adolece de una mejora regulatoria, no como simplificación administrativa, sino como un esquema con reglas claras en el mercado.

Mesa de análisis “¿Cómo agilizar la entrada de medicamentos genéricos?”

En la mesa “¿Cómo agilizar la entrada de medicamentos genéricos?”, el presidente del consejo directivo de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Rodrigo Puga, enfatizó que agilizar la entrada de medicamentos genéricos es una oportunidad y es un deber que hay que impulsar en el país porque eso genera mayor acceso a la población.

Sostuvo que la penetración de genéricos ha crecido de manera muy acelerada, ya que en 2010 las unidades que se comercializaban eran de alrededor del 50 por ciento, y en el año pasado fueron del 88 por ciento. Es decir, 9 de cada 10 unidades que se comercializan en el segmento son de productos genéricos, y en el segmento público es del 97 por ciento.

Consideró que se debe seguir fortaleciendo y acelerando el proceso de registro sanitario. Uno de los grandes problemas radica en la desconfianza que se tiene en los productos genéricos y para que ese recelo desaparezca o se minimice, la única solución es garantizarle a la población, que el proceso que sigue cualquier registro sanitario, es con la necesidad de demostrar calidad, seguridad y eficacia.

Ricardo Ramírez, de la Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso, resaltó que debe haber una competencia con piso parejo e igualdad de circunstancias.

Afirmó que todos los que participamos en el mercado farmacéutico tenemos la obligación de minimizar los riesgos al consumidor o a los pacientes; por ello, es muy importante que se considere el nivel regulatorio que permita garantizar calidad, seguridad y eficacia en todos los productos. Consideró que el trabajo de la Cofepris será muy importante en ese aspecto.

El funcionario del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, Alfredo Rendón Algara, explicó que una patente lo que protege es una invención que sea nueva y tenga aplicación industrial; se tarda en ser otorgada porque se compara la información en todo el mundo.

Mencionó que uno de los aspectos más recurrentes y con mayor solicitud en el ámbito de patentes, recae en medicamentos. La labor del IMPI es valorar tres aspectos: que sea nuevo, que tenga aplicación industrial y que no sea obvio para un técnico en la materia. Afirmó que se ha puesto mucho énfasis en mejorar la calidad de las patentes y, sobre todo, mejorar la digitalización de éstas.

El secretario general de la Asociación Mexicana de Genéricos, Rodrigo Iturralde Alcaraz, señaló que el acceso a genéricos ha tenido algunos problemas respecto de las patentes y se busca que se pueda regular.

Destacó que en caso de la regulación sanitaria es muy importante tener un acceso rápido, ya que eso fomenta que se pueda invitar a algunos competidores y ver que estén certificados. Porque realmente nos hemos quedado con esa parte de la tramitología y la burocracia que no permite avanzar.

Mesa de análisis “Agenda legislativa para promover la competencia en los mercados financieros”

Durante la mesa “Agenda legislativa para promover la competencia en los mercados financieros”, el director general de Asuntos del Sistema Financiero del Banco de México, Jesús Alán Elizondo Flores, señaló que la regulación de la competencia en los mercados financieros debe asegurar la confianza en el sistema y que las instituciones guarden un grado de solvencia aceptable para todos.

Subrayó que lo que se observa en nuestro sistema es que las reglas que existen ya son, de alguna forma, proporcionales a la carga o al tipo de intermediarios. Uno de los principios es que si bien no representa un peso para las instituciones, sea una regulación que cumpla con su cometido y sea más sencilla de operar con las autoridades.

La directora de Enlace Legislativo de la Asociación de Bancos de México, Karla Siqueiros, señaló que el sistema financiero es competitivo; y a la fecha operan 51 bancos. En 2006 sólo se tenían 30 bancos autorizados, por lo que este se incrementó en un 70 por ciento. Esta diversificación, dijo, ha permitido ofrecer una gran variedad de servicios financieros, aunado también a la importancia de la transparencia a la información.

Mencionó que una de las barreras a las que se ha enfrentado, es que en algunas regiones no hay servicios de telecomunicaciones, por lo que 454 municipios no tienen ningún servicio financiero; el reto, dijo, sería poder llegar a todas las regiones, porque esto permitiría que la población pueda tener acceso a créditos que le permitan crecer o desarrollarse. Consideró que no hay una fórmula mágica de regulación, sino sencillamente es dar respuesta a las necesidades de los usuarios.

El presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, Bernardo González Rosas, enfatizó que es impostergable y urgente que haya una reforma en nuestro país que incremente las tasas de ahorro forzoso y “ahí contribuimos todos”, los patrones, trabajadores y también el gobierno en cierta medida.

La Cámara de Diputados recientemente aprobó reformas al régimen de inversión, la cuales permitirán que haya una diversificación de las inversiones y que si un mercado no está generando retornos interesantes para el trabajador, puedas invertirlo en otros mercados, agregó.