Por: Redacción/

Ante los asesinatos de menores de edad por la violencia criminal en el país, la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, llamó al Ejecutivo federal a construir los acuerdos necesarios para que el Estado garantice su seguridad y vida.

“Hago un llamado al Presidente de la República a construir los acuerdos necesarios para impulsar un esfuerzo conjunto entre el Ejecutivo federal, las entidades federativas, el Congreso de la Unión, las organizaciones civiles y todo aquel que se quiera sumar, para revisar y replantear las políticas públicas, las instituciones y los recursos que se destinan a la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, pero, sobre todo, a que se creen las condiciones para garantizar su seguridad y su vida”, manifestó en un comunicado.

“Es particularmente importante fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, presidido por el Ejecutivo federal, y canalizarle el presupuesto necesario a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados, tal y como lo establece la ley respectiva”, agregó.

La también integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia consideró “inaceptable e insensible” que el presidente Andrés Manuel López Obrador minimice el incremento de asesinatos de niñas, niños y adolescentes producto de la violencia que azota el país.

De acuerdo con la organización Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (Redim), en el primer trimestre de 2019 un total de 285 menores fallecieron a causa de agresiones, lo que implica un promedio de tres infantes por día.

Frente a estas cifras, López Obrador indicó que “no tenemos el dato de tres niños asesinados diariamente…Ya lo tendríamos como una preocupación. En algunos casos se está apostando a la desinformación y al amarillismo”.

Juárez Piña refirió que tan sólo ayer un niño de 9 años falleció por una bala perdida, en Puebla, “esto implica que el Gobierno federal no le da importancia a su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las políticas públicas para proteger los derechos humanos y particularmente la vida de niñas, niños y adolescentes”.