Por: Redacción/

La organización Causa en Común dio a conocer que el año 2019 será registrado como el más grave en materia de seguridad pública en la historia moderna de México, mientras que la respuesta del gobierno federal se ha dado a través de acciones inadecuadas, fallidas e inconsistentes.

Durante la presentación del informe “¿Cómo vamos en Seguridad Pública en el primer año del nuevo gobierno?”, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, señaló que los errores en materia de seguridad se han visto reflejados en los siguientes puntos:

  • El 2019 será el año más inseguro en la historia moderna del país.
  • La seguridad se militarizó.
  • Se debilitaron las instituciones de seguridad pública.
  • El presupuesto en seguridad es insuficiente.
  • Hubo modificaciones legales con afectaciones a derechos.
  • No existe una auténtica atención a víctimas.
  • Existen deficiencias en la manera de comunicar asuntos de seguridad.

Morera reveló que, a pesar del control militar de la seguridad civil, los delitos de alto impacto han registrado un aumento en los primeros meses del actual gobierno. Tan sólo en el periodo de diciembre 2018 a octubre 2019, se registraron: 32,565 víctimas de homicidio; 933 de feminicidio; 1,564 de secuestro y 7,915 de extorsión, todos con un porcentaje al alza del 3%, 17%, 13% y 35%, respectivamente.

“Diariamente se comenten en el país 99 asesinatos, tres feminicidios, cinco secuestros y 24 extorsiones por lo que, si la tendencia de homicidios continúa, el año cerrará con 31 homicidios por cada cien mil habitantes y un promedio diario de 110 asesinatos”, indicó Morera.

Explicó que la crisis de violencia que vive el país se ve agravada por la falta de denuncia formal, de seguimiento a los delitos y de impartición de justicia. “los delitos que no se denuncian ni se investigan, conocidos como cifra negra, alcanzan el 93% en promedio a nivel nacional, pero en casos como las extorsiones la cifra negra es del 97.9%”, señaló.

El informe presentado por Causa en Común dio a conocer que las acciones en materia de seguridad de la actual administración, como la creación de la Guardia Civil, ponen a la SEDENA al frente de la seguridad pública, lo que implica un debilitamiento de los cuerpos de policía local, y una militarización de los cuerpos de protección ciudadana en todo el país.

María Elena Morera aseguró que “los criterios de despliegue y operación de la Guardia Nacional son inciertos, no han sido explicados de manera clara y sus labores van desde atender delitos de alto impacto hasta cuidar niños cuando regresan a clases. Ese rango tan variable de responsabilidades da a entender que su función está más orientada por criterios políticos que técnicos”.

Adicionalmente, informó que las actuales acciones de seguridad del gobierno buscan debilitar los cuerpos de policía local, pues fueron dotados de un presupuesto insuficiente, lo cual dificulta su profesionalización y desarrollo.
Asimismo, la presidenta de la organización añadió que los asesinatos de policías se han convertido en una problemática creciente. Tan solo hasta el 2 de diciembre de 2019 han sido asesinados 382 policías.

La situación se agrava con las condiciones laborales de los elementos de seguridad pública: “La gran mayoría de las policías no cuentan con las prestaciones mínimas de ley, no existe una carrera policial, no hay condiciones para una capacitación adecuada, y los elementos trabajan jornadas laborales de 24 horas o más, percibiendo salarios mensuales inferiores a los 15 mil pesos”, refirió Morera.

El informe refiere que el presupuesto destinado a la seguridad creció de 2018 a 2019 en 873 MDP, que representa apenas el 0.9% del PIB; es decir, quedó en 225,950 MDP, cuando los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destinan en promedio 3% de su PIB en acciones de seguridad pública, orden y defensa.

Otro aspecto preocupante de las acciones de seguridad de la actual administración es la serie de modificaciones legales con afectaciones a derechos.

Tan solo en lo que va del año, en materia de seguridad, la Constitución ha sido reformada con el objetivo de militarizar la seguridad pública con la creación de la Guardia Nacional, y se han presentado modificaciones a la ley que afectan el principio de presunción de inocencia, la extinción de dominio y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Se recordó que durante 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó al menos seis acciones y/o controversias constitucionales contra esas reformas.
Otro de los asuntos graves en materia de seguridad es la “deficiencia de comunicación en torno a la seguridad”. Una muestra de ello son las conferencias de prensa matutinas del Presidente de la República, ya que gran parte de la información que se ha dado a conocer en dichos encuentros con la prensa no es comprobable.

Indicó que Causa en Común analizó 140 preguntas realizadas por los medios de comunicación sobre asuntos de seguridad pública, cuestionamientos que se verificaron ante el Sistema Nacional de Transparencia a través de 90 solicitudes de información pública dirigidas a las instituciones con facultades en materia de seguridad y justicia.

De dicho ejercicio se concluyó que 118 de las respuestas (84.3%) no permiten verificar la información proporcionada por el presidente y otros funcionarios, pues las instituciones dicen no contar con la información que se les solicita o se declaran incompetentes para responder; en 13 ocasiones (9.3%), las instituciones proporcionaron información que no concuerda con las declaraciones; y únicamente en 9 (6.4%) se ofreció información que respalda adecuadamente las declaraciones.

Durante la presentación del Informe estuvieron presentes José Antonio Polo, Director de Causa en Común y Julio Ríos Figueroa, profesor-investigador y Director de la División de Estudios Políticos del CIDE.
Causa en Común emitió una serie de recomendaciones y propuestas al Gobierno Federal en materia de seguridad, tales como:

● Incluir un cuerpo nacional para el desarrollo policial.
● Cumplir con la obligación de que la Guardia sea realmente civil.
● Ejecutar un plan de control de penales.
● Despenalizar la marihuana.
● Desarrollar una política de prevención.
● Tener mecanismos de supervisión que incluyan a las policías.