Por: Redacción/

La diputada Azucena Rodríguez (PRD) aseguró que al recortar 150 millones de pesos al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), queda claro que para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la austeridad está por encima de la protección a las mujeres, a pesar de que en nuestro país se registran 10 feminicidios cada 24 horas.

Para acatar el decreto de austeridad impulsado por el Presidente, la Junta de Gobierno de Inmujeres avaló este recorte del 75% al presupuesto de varias dependencias federales, con el fin de obtener recursos para combatir el Covid-19, pero también destinarlos a programas sociales prioritarios del gobierno federal, megaproyectos y Pemex.

“La Junta de Gobierno argumenta que este recorte sólo afecta los capítulos 2000 y 3000 de servicios generales, materiales y suministros, pero esa es una falacia, porque es claro que una reducción tan sustancial de recursos afectará la operación del Instituto y, consecuentemente, sus funciones específicas”, apuntó la diputada.

Este recorte merma sensiblemente los de por sí escasos recursos destinados a la prevención de la violencia contra las mujeres, particularmente en aquellas entidades con mayor número de feminicidios, como es el caso de Veracruz, de donde es originaria.

De acuerdo con el reporte “Información sobre violencia contra las mujeres”, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Veracruz cerró 2019 como la entidad con el mayor número de denuncias por posibles feminicidios a nivel nacional.

Según esta instancia, en el país se registraron 976 feminicidios el año pasado, de los cuales 152 fueron en Veracruz. Es decir, 3.74 veracruzanas por cada 100 mil fueron víctimas de este delito.

Situación que se agravó en el confinamiento. Según el mismo SESNSP, de enero a mayo de 2020 acontecieron 375 feminicidios a nivel nacional, 35 ocurrieron en Veracruz, que lo ubicó en segundo lugar en el país, sólo por abajo del Estado de México.

Por lo anterior, la diputada por Veracruz hizo un llamado a la Junta de Gobierno de Inmujeres y al presidente de la República para “revertir el recorte y, por el contrario, aumentar los recursos no sólo al Instituto, sino al resto de las instituciones y programas destinados a prevenir la violencia contra las mujeres”.

“La vida y los derechos humanos de las mujeres deben ser una prioridad. Con el argumento de la austeridad, el Presidente está recortando recursos de instituciones cuya operación debería ser prioritaria, como Inmujeres, para utilizarlos con fines que no están claros y sin la menor transparencia”.