La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) comunicó a la Cámara de Diputados que del 19 de febrero al 30 de abril del 2016, a través del Protocolo de Posible Robo de Identidad (PORI), se llevaron a cabo un total de mil 346 acciones de defensa, y se ha bloqueado por tres meses la consulta a las sociedades de información crediticia en 230 asuntos.

En el documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, la Condusef destacó que el robo de identidad cubre un amplio espectro que puede adoptar diversas modalidades y causar afectaciones, incluso de carácter fiscal o en la reputación.

Resaltó la importancia de alertar a la sociedad sobre el robo de identidad en mails, redes sociales y banca electrónica, así como situaciones asociadas al phishing, pharming, smishing o el skimming, es decir, al envío de correos electrónicos que aparentan provenir de fuentes fiables e intentan, mediante el engaño, obtener datos confidenciales del usuario.

Durante el primer semestre de 2015, las reclamaciones imputables a un posible robo de identidad se incrementaron 40 por ciento con respecto al mismo período de 2014, al pasar de 20 mil 168 a 28 mil 258. Cabe destacar que de cada cien reclamaciones imputables a un fraude en dicho periodo, dos corresponden a un posible robo de identidad.

Sobre el monto reclamado por los usuarios, en el primer semestre del 2015 ascendió a 118 millones de pesos, 19 por ciento más a lo reclamado en el mismo período de 2014, y de este monto el saldo abonado fue de 69 millones de pesos, es decir, 58 por ciento.

Así respondió la Condusef a un dictamen con punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril, donde se le solicitó promover, difundir y fortalecer las estrategias transversales contra robo de identidad, derivada de la sustracción de datos personales, específicamente en los casos de correo electrónico, redes sociales y banca electrónica.

Los legisladores expusieron que se tiene conocimiento de que la Procuraduría General de la República abre anualmente un promedio de tres mil averiguaciones previas por la presunta falsificación de documentos, conducta que incluye el robo de identidad y el mal uso de información financiera. La División Científica de la Policía Federal señala que atiende alrededor de 600 reportes por este delito.

Relataron que el Banco de México advirtió que, en 2015, el país ocupaba el octavo lugar mundial en este delito. El 67 por ciento de los casos, se da por la pérdida de documentos; 63 por ciento, por el robo de carteras y portafolios, y 53 por ciento por información tomada directamente de una tarjeta bancaria.

La sustracción de datos tiene consecuencias graves que pueden requerir mucho tiempo y recursos económicos para resolverse; por lo general, las víctimas tardan en darse cuenta de que su identidad fue robada, y una vez que sucede, es muy difícil recuperarla y es común tener problemas en el futuro, agrega el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En el documento, la Condusef destacó que se han iniciado 598 procesos de conciliación y se han solicitado 13 dictámenes.

Sobre el tipo de producto financiero, detalló, se puede señalar que 304 conciliaciones se refieren a tarjeta de crédito (50.8 por ciento del total), 120 (20.1 por ciento) a créditos personales, otros 92 (15.4 por ciento) a crédito de auto y en 25 asuntos (4.2 por ciento) a créditos de nómina. Además, se han otorgado tres conciliaciones relacionadas con créditos hipotecarios.

En cuanto a las causas que originaron el reclamo, en 309 asuntos correspondió a créditos otorgados sin ser solicitados ni autorizados por el usuario; en 250, el usuario no reconoce haber celebrado el contrato de un producto financiero con la institución financiera correspondiente y en otros 214 casos el afectado no solicitó la emisión de una tarjeta de crédito. En conjunto, estas causas representan el 66.4 por ciento del total.

Mencionó que, en breve, la Condusef firmará un convenio de colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para establecer, entre otras acciones, bases de coordinación para abordar de manera conjunta y robusta la atención y seguimiento de las controversias que se presenten en materia de robo de identidad, que puedan implicar operaciones en las que se encuentren involucradas tanto instituciones financieras como empresas comerciales o de servicios.

También, se reforzarán las actividades de difusión conjunta para la prevención de este tipo de situaciones, tanto a nivel de publicaciones, programas de radio y televisión o cualquier otro medio informativo, como las propias páginas de internet de ambos organismos, de conformidad con las posibilidades presupuestales, a fin de que el público en general esté mejor informado en cuanto la protección de sus datos personales.

Adicionalmente, continuó, se firmará un convenio de colaboración y ya se están realizando pruebas con el Instituto Nacional Electoral, para que la Condusef pueda verificar, a través de sistemas biométricos (huella), que las identificaciones de los usuarios, quienes acuden a Condusef, están vigentes. Esta medida se toma debido a que la credencial del INE es el instrumento de identificación más recurrente para acreditarse en los casos de posible robo de identidad.

En suma, finalizó, la Condusef continuará tomando diversos tipos de acciones directas e indirectas encaminadas a reforzar, a través de distintas estrategias y medios a su alcance, campañas de prevención para evitar, abatir o inhibir en lo posible el robo de identidad, así como atender con prontitud y de la mejor forma posible los casos que se presenten por este motivo e informar a las autoridades competentes cuando así corresponda.