Por: Redacción

La Comisión de Asuntos Migratorios se reunió con el quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo Sosa, quien expuso que en un periodo de 5 años, se han iniciado cerca de mil 443 averiguaciones previas por delitos contra menores migrantes no acompañados, siendo Sonora, Chiapas y Baja California, los estados con más casos.

Al presentar el informe “Problemática de Niñas, Niños y Adolescentes Centroamericanos en Contexto de Migración Internacional no acompañados en su tránsito por México, y con necesidades de Protección Internacional”, precisó que esta población, en su paso por el país, es víctima de extorsión, secuestro, agresiones e incluso pérdida de la vida.

Relató que se han visto violaciones a los derechos humanos dentro de las estaciones migratorias, pues no son canalizados inmediatamente a los albergues del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); hay hacinamiento, problemas en el expediente y no hay separación, al ponerlos junto a adultos, precisó.

En 2014, se tenían más 10 mil menores detenidos y en 2015, se duplicó esa cifra, estando el grueso de la población, entre los 12 y 17 años; aunque hemos encontrado de 6 y hasta 4 años. “Las detenciones se han duplicado, eso significa que el flujo ha sido intenso”, añadió.

El presidente de esta instancia legislativa, diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social) señaló que es de sumo interés estar pendientes de los problemas surgidos de los fenómenos migratorios y tratarlos con pluralidad. “Ser migrante no significa ser delincuente e ilegal”.

Los derechos humanos son universales, no se pueden violentar en ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia. En el caso de la niñez no acompañada, dijo, los problemas que la originan son: violencia en su país de origen (48 por ciento), problemas económicos (29 por ciento) y reunificación familiar (22 por ciento).

Guízar Valladares mencionó que la comisión presentó una iniciativa para crear un Fondo de Migralidad, cuyo propósito es que las zonas fronterizas tengan recursos adicionales a sus presupuestos para atender asuntos que salen de la planeación y que son de justicia.

El diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza (PRI) llamó a que la migración sea analizada desde su origen, tránsito y destino, pues una visión global debe ser compartida por los países expulsores. “Exige la concurrencia internacional, lo que no quiere decir que el país no asuma lo que le corresponde dando cumplimiento a los acuerdos internacionales”.

María Luisa Sánchez Meza, legisladora de Acción Nacional, pidió proteger a los menores no acompañados, sobre todo ahora que se presentan recortes presupuestales en el PEF 2017. Añadió que en Baja California se tiene el 34 por ciento de repatriaciones, en las cuales hay un gran número de menores; en 2016 se ha llegado a 8 mil 14.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Victoria Mercado Sánchez afirmó que se debe visualizar esta problemática y cuestionó cómo se sustenta que en 2015-2016, hubo 20 mil niños no acompañados y nada más 60 pidieron asilo en el país, y cómo se informa esta población de que tiene ese derecho de solicitarlo y qué ha faltado para que tengan esos datos,

El diputado priista, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, subrayó que la migración es un fenómeno que no se puede frenar, sino cuidarlo y protegerlo, ya que es regional y no exclusivo de México. “Esta comisión ha puesto empeño en el regocijo de la pluralidad para considerar una legislación de avanzada viva y vigorosa, que permita corresponder a las exigencias y demandas que hoy se viven en el tema de migración”.

Del PRD, el legislador Felipe Reyes Álvarez, cuestionó sobre el proceso de atención de los niños acompañados cuando los separan de sus familiares, qué está aconteciendo con el manejo de las autoridades. Es necesario revisar el Programa de la Frontera Sur, porque el flujo migratorio centroamericano hacia Estados Unidos es mayor, por lo que se necesita tener política pública eficiente.

En su turno, el quinto visitador general de la CNDH, resaltó que los menores emigran por razones de violencia, criminalidad e inseguridad en su país de origen, como el pandillerismo. También, por motivos económicos derivados de la desigualdad y, por reunificación familiar, lo que significa que los padres o hermanos mayores no están en El Salvador, Guatemala o Honduras, sino en Estados Unidos.

La CNDH ha emitido entre 2015 y 2016 alrededor de 40 medidas cautelares, beneficiando a 465 menores no acompañados. Planteó que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sea quien siente las bases y los lineamientos para entender mejor el interés superior de la niñez, y sean la procuraduría federal y las estatales, las instituciones que determinen este interés caso por caso.

Relató que la mencionada procuraduría tiene detectados 132 centros de atención social que reciben a niños migrantes no acompañados. “No son suficientes para el total; hay una importante estigmatización de los menores en estos centros, cuando tienen antecedentes de maras o algún tatuaje”.

Corzo Sosa mencionó que se han recibido cerca de 800 quejas, principalmente contra el Instituto Nacional de Migración (INM); hay 48 conciliaciones y 11 recomendaciones.

Sugirió que el INM evite que haya menores no acompañados en las estaciones migratorias, además de canalizarlos a los albergues del Sistema DIF; revisar la inscripción del Oficial de Protección a la Infancia (OPI), al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

También, planteó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Cámara de Diputados, efectúe el análisis sobre la inversión pública que anualmente se pueda prever y que se requiere para garantizar la capacidad de los Centros de Asistencia Social para albergar y brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes en contexto de migración no acompañados.

El quinto visitador expuso que hacen falta campañas de sensibilización sobre la situación de los migrantes. “Debe haber mucha sensibilidad, el discurso de discriminación y de odio no es permitido, son personas igual que nosotros, pues los derechos humanos son universales y, por lo tanto, no importa el color, edad o sexo”.

Puntualizó que la migración de Centroamérica es pacífica. “No tenemos datos de ninguna naturaleza, donde sean ellos lo que venga a hacer otra cosa que no sea derramar económicamente y pasar tranquilamente por México para llegar a Estados Unidos. No tenemos por qué manejar un mensaje en ese sentido”.

Los recortes al presupuesto, apuntó, afectarán la atención. “Los recortes en esta materia, por supuesto que no los vemos positivos, ni mucho menos si estamos diciendo que debe haber centros de atención social”.