Por: Redacción/

El secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), José Nabor Cruz Marcelo, afirmó que para 2020 habrá cambios en 16 programas de los ocho mil que hay en el país. “Unos son fusionados con otros y algunos más cambian de nombre, pero en la praxis parece que van a continuar en el mismo nivel de presupuesto”.

Señaló que de esos programas, más de 140 son federales y hay un gran volumen a nivel estatal, pero la mayoría se ejecutan en el ámbito municipal.

Agregó que 87 programas relevantes se mantendrán en 2020 con un incremento de 1.2 por ciento; de los 98 programas no relevantes para reducir pobreza 2019, se propone que sigan operando 80 para el año próximo, con un aumento de recursos de 6.1 por ciento.

De los 45 programas sociales no relevantes por derechos en 2019, continúan 39 en 2020 y aumentan su presupuesto 56.9 por ciento.

Durante el Foro Nacional “Repensando la Nueva Política Social en México ¿esperanza o estancamiento?”, informó que el Coneval desarrolla el Sistema de Información en Desarrollo Social con enfoque de Derechos Humanos, a fin de establecer la relación entre la pobreza y el acceso efectivo a derechos sociales.

“Mientras tengamos indicadores que permitan un acercamiento al acceso efectivo de derechos sociales, tendremos otros que complementarán qué tan efectivos son a nivel federal, estatal y municipal”.

Destacó la importancia de reforzar en los tres órdenes de gobierno los mecanismos de evaluación con indicadores que midan los alcances y cumplimiento de objetivos. Además, evaluar la política social respecto de que progresivamente se puedan reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema en el país.

Explicó que se tienen indicadores de medición multidimensional de pobreza que incluyen rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y carencia alimentaria.

Con este sistema se podrá reflejar la situación de la educación para transitar hacia su obligatoriedad, calidad, oportunidad y gratuidad. En salud, permitirá medir la accesibilidad física, infraestructura, gratuidad, gasto catastrófico, abasto de medicamento y cuantificación del personal médico y paramédico por paciente en cada 10 mil habitantes.

La diputada Lourdes Celenia Contreras González (MC), organizadora del foro, afirmó que México atraviesa altos niveles de desigualdad, pobreza y carencias sociales, por lo que es necesario adoptar una política de Estado “para superar esta indigna situación”.

Expresó que se requieren políticas públicas de desarrollo social y ser cautelosos en su diagnóstico, implementación y evaluación “para no reproducir prácticas clientelares y eternizar la pobreza”.

Este foro surgió de la necesidad de entender la naturaleza de la nueva política de bienestar y conocer los planteamientos de expertos hacia una visión más amplia de la eficacia, transparencia, evaluación y participación ciudadana, a fin de generar propuestas en la asignación presupuestal, cambiar las reglas de operación y las condiciones de evaluación y seguimiento,dijo.

Las nuevas prioridades sociales, subrayó, merecen la apertura de espacios de consulta plural y objetiva sobre los riesgos, alcances y límites de la estrategia. “Este foro asume que no hay solo un México, sino muchos con distintas realidades en que, lamentablemente, la gran mayoría de la población sufre pobreza, marginación y carencias sociales”.

Sostuvo que la política social debe aplicarse más allá de divisiones políticas atendiendo las necesidades regionales, porque “la pobreza extrema es el principal reto que exige soluciones inmediatas”.

El coordinador de los diputados de MC, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, dijo que la política social tiene como propósito vencer la pobreza, “el problema es que hay instrumentos que la perpetúan”.

Advirtió que se deben compensar las inequidades que genera el régimen de mercado, porque es un hecho que la distribución de recursos sin bases productivas puede prolongar la pobreza. Se congratuló por la realización de este foro que “nos llevará a muchas reflexiones”.

La diputada Laura Barrera Fortoul (PRI) consideró oportuno realizar este foro días antes de discutir el PEF-2020, pues todo programa que esté fuera del presupuesto es sólo una buena intención. “Las metas importantes se reflejan junto con los números. La información que se genere aquí será muy útil para definir el gasto”.

La diputada Janet Melanie Murillo Chávez (PAN) reconoció el interés por colaborar en temas tan importantes y en momentos cruciales, como es la aprobación del presupuesto 2020, para cuyo análisis “todas las aportaciones que se hagan serán bienvenidas”.

La representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Mónica Marlene Cruz Espinoza, mencionó que de 2001 a la fecha se han emitido 37 recomendaciones generales, de las cuales 43 por ciento se han publicado en los últimos cinco años. “Hemos hecho un uso cada vez más extensivo de la figura por el carácter idóneo para incidir en el diseño de políticas públicas”, aseveró.

En este sentido, dijo que es necesario fortalecer esta figura para darle atribuciones legales a fin de que “las autoridades tengan la obligación de contestar y fomentar que las lean y las consideren en su toma de decisiones”.

“Tenemos una serie de instrumentos que están puestos sobre la mesa y creemos vale la pena que se revisen para enriquecer la discusión sobre la política pública”.

Cruz Espinoza informó que han atendido temas como los derechos de las personas privadas de su libertad; hay nueve instrumentos sobre este tema; el derecho a la libertad de expresión y la protección a periodistas, cuatro instrumentos, y los de niñas y niños en centros educativos, con tres peticiones.

También dio seguimiento a casos relacionados con el sistema de justicia y seguridad pública, detenciones arbitrarias, aplicación del examen poligráfico, tortura, uso ilegítimo de la fuerza, incumplimiento del plazo razonado en la integración de averiguaciones previas, pueblos indígenas, migrantes, víctimas de delitos, comunicadores y defensoras de derechos humanos.

Karla Valverde Viesca, investigadora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, apuntó que a pesar del entusiasmo que se ha manifestado para una gestión gubernamental más democrática, no habrá impacto si no se impulsa y fomenta una cultura cívica.

Planteó que en el PEF 2020 haya un considerando para impulsar y construir ciudadanía y que la cultura cívica se imparta desde el nivel más básico de la educación, para que los niños interioricen sus derechos y sus mecanismos de participación ciudadana; de lo contrario, dijo, no vamos a poder modificar la estructura.

Invitó a reflexionar ante la crisis de representación, donde debe hacerse efectiva la participación ciudadana, lo que no se va a lograr si no mejoran los niveles de confianza en las instituciones de seguridad.

Se pronunció por trabajar para lograr ese objetivo y evaluar mecanismos participativos institucionales, a fin de identificar otras acciones informales que solucionen los problemas, porque “van en paralelo con la participación clientelar y la corrupción”.