Por: Redacción/

Las empresas involucradas en la construcción del Paso Exprés, donde se formó un socavón y fallecieron dos personas, deben asumir su responsabilidad; además, a raíz de este suceso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ordenó revisar las instalaciones hidráulicas de la red de carreteras federales, indicó el titular de esta dependencia, Gerardo Ruíz Esparza, a los legisladores de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.

Durante la reunión de trabajo realizada en el Senado de la República, dijo: “mi principal responsabilidad es hacer que las empresas involucradas asuman su responsabilidad y respondan por ella, de existir errores u omisiones que debieron cumplirse; llegar hasta las últimas consecuencias y que no haya impunidad”.

En una primera ronda de cuestionamientos al titular de la SCT, la diputada Rocío Nahle, del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que la empresa Aldesa es investigada por corrupción en España, por lo que cuestionó por qué se le otorgó el contrato para construir el Paso Exprés.

Además, refirió que cada kilómetro construido tuvo un costo de 150 millones de pesos, cifra que supera por mucho los 10 millones de pesos que debió costar. Preguntó si existe alguna preferencia para contratar empresas con capital español.

El senador David Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, expresó que existe preocupación por las responsabilidades de las empresas Aldesa y Epccor en la planeación del Paso Exprés, y sus nuevas adjudicaciones para la construcción del nuevo aeropuerto.

Cuestionó cuántas obras públicas ha otorgado la SCT a las empresas Aldesa y Epccor; y si se ha evaluado la posibilidad de revocar todos los contratos de construcción que les han sido otorgados.

El diputado Emilio Salazar, del Grupo Parlamentario del PVEM, preguntó si es cierto que a las familias de las víctimas se les ofreció una compensación, y en caso de ser cierto, señaló que debería ser mayor a lo que reportaron los medios de comunicación.

Además cuestionó cuál es el procedimiento para designar a los delegados de la SCT en las entidades federativas, y cuáles son sus responsabilidades.

El secretario Gerardo Ruiz Esparza le respondió a la diputada Nahle que no conoce que haya alguna investigación sobre la empresa Aldesa en España o en el mundo; y participó en la asignación con legalidad, ya que estaba habilitada.

Sobre el costo por kilómetro, detalló que en total fue de mil 796 millones de pesos, mismo que se está auditando, y por cada kilómetro, de diez carriles en concreto hidráulico, fue de 15.3 millones de pesos; “va en sintonía al costo de otras obras”.

En respuesta al senador Monreal, dijo que esperan que en dos meses se resuelvan las observaciones para cerrar el contrato con el consorcio, porque si existe alguna afectación patrimonial, se le reducirá el pago a la empresa.

Explicó que a Aldesa le han asignado 28 contratos -13 en la administración pasada por 7 mil 866 millones de pesos, y 15 en ésta por 2 mil 881 millones de pesos- y a Epccor se le han suscrito cuatro contratos, de 2013 a la fecha, por 906 millones de pesos.

Al diputado Salazar le respondió que la SCT le ofreció apoyo a la familia de las víctimas, pero no les habló de alguna indemnización; “hay un criterio legal de montos, al que la familia tiene derecho; y tendrán, en un momento dado, los responsables que hacerles frente”.

En cuanto a la designación de los delegados de la secretaría en las entidades, dijo que se toma en cuenta la opinión de los gobernadores para que la SCT tome una decisión; y el delegado en Morelos fue removido porque no informó correctamente la situación del Paso Exprés.

El senador Fernando Mayans Canabal, del PRD, denunció que por la falta de señalamientos y de mantenimiento, así como por la mala construcción de éstas, México es el país de las carreteras de la muerte.

El secretario Ruiz Esparza destacó que la dependencia ha transparentado todos los programas, dos mil 636 expedientes reservados a la información pública, ya son públicos. Señaló que se ha pedido a la OCDE asesoría en materia de transparencia, así como a la Cámara Mexicana de la Industria de la construcción, testigos sociales y de notarios públicos que certifican las propuestas que se presentan en cada licitación.

La diputada Minerva Hernández Ramos, del PAN, solicitó al titular de la SCT precisar sobre su responsabilidad en la tragedia del Paso Exprés, pues no es suficiente la salida de un delegado ni un informe de las causas que originaron el incidente. Resaltó la caída de recursos destinados para carreteras; de 2016 a 2017 presentó caída de 38.7 por ciento de los recursos a la partida Carreteras eficientes, seguras y suficientes, lo cual calificó como irresponsable.

“Yo asumí la responsabilidad”, “si hay una gente que se vincule con la responsabilidad del Paso Exprés, es su servidor”, aseguró el funcionario federal. Añadió que su responsabilidad es ayudar a que las autoridades correspondientes finquen responsabilidades y que no haya impunidad.

Sobre el recorte presupuestal, dijo que no se ha quedado de brazos cruzados. Resaltó el apoyo del Secretario de Hacienda y Crédito Público y destacó que se gestionó con los actores privados en aeropuertos, puertos, autopistas para que no se perdiera la inversión y para que el programa de la Secretaría siguiera cumpliéndose; 80 por ciento del programa de la dependencia se logró por la inversión de recursos privados.

La senadora del PRI, Lisbeth Hernández Lecona, cuestionó al secretario Ruiz Esparza sobre los oficios enviados por el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, que alerta para cambiar un tubo de drenaje que pasa por abajo del Paso Exprés donde se abrió el socavón, ¿estaba enterado? Asimismo, solicitó continuar con las gestiones de colaboración con la familia de los deudos.

Ruiz Esparza señaló que los oficios que envió el gobernador de Morelos fueron dos, para darle nombre a la vialidad, sin hacer referencia a otra situación. Hubo una alerta del municipio de Cuernavaca sobre la capacidad del tubo, la cual se dictaminó en su momento, así como otras alertas de vecinos para más salidas y señalización en el Paso Exprés.

Se pudo haber prevenido, sí, aseguró; las filtraciones de agua señalaban un problema, que de haber existido una alerta por parte de la empresa y de la gente del estado, pudo haberse atendido.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), y no la SCT, es la que está valorando las responsabilidades de los servidores públicos federales y locales involucrados, de las empresas participantes y de cualquier tercero que haya intervenido en la obra, aclaró en su exposición.

Dijo en que giró instrucciones para reforzar la normatividad técnica en la construcción de carreteras, renovar los procedimientos, las tecnologías e incluso la aplicación de materiales más resistentes, e impulsar mejores mecanismos de trabajo interinstitucional con entidades como Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, todas las direcciones generales de los centros SCT tienen indicaciones de revisar, junto con las delegaciones de Conagua y Protección Civil, las instalaciones hidráulicas de la red de carretas federales. Esperan tener un informe público una vez que concluyan, dijo.

Reiteró a los miembros de la Permanente, que la SCT no ha repartido culpas ni ha señalado responsabilidades, y ha sido el dictamen de los peritos independientes como instancias externas los que han emitido opinión y señalado posibles responsabilidades en diferentes actores de los causas que provocaron el hundimiento del Paso Exprés.

Al emitir una posición de la Tercera Comisión, el senador Ernesto Cordero Arroyo, dijo que ejercicios como este son un buen ejemplo de transparencia y rendición de cuentas que deberían hacerse de manera permanente en el Congreso de la Unión.

El presidente de la Comisión señaló que en el caso del socavón de Cuernavaca, sin duda, hubo omisiones y errores en la construcción de la obra y de protección civil que se deslindarán en su momento con la culminación de las investigaciones.

Destacó que si las comisiones de Comunicaciones y Transportes de las cámaras de Diputados y de Senadores se dedicaran dar un seguimiento de la aplicación del gasto público y no en cómo repartir el presupuesto en los caminos y carreteras de nuestros pueblos y municipios, podrían coadyuvar más a evitar errores y omisiones en obras públicas como lo sucedido en el camino Exprés de Cuernavaca.

En una segunda ronda de preguntas, participaron el senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena; Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del PAN; Jesús Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRD; y Ruth Tiscareño, del Grupo Parlamentario del PRI.