Por: Redacción

Empresas que ofrecen bienes y servicios deben garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad, desde una perspectiva incluyente y la visión de contar con más clientes, y no como una obligación de alto costo para ellos, planteó la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI.

Bajo este argumento presentó una iniciativa de reforma al artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que se brinde a las personas con discapacidad y adultos mayores, igualdad de entorno para la obtención de bienes y servicios disponibles en el mercado.

La propuesta destaca: El proveedor de bienes y servicios no negará estos por razones discriminatorias; no se cobrarán cuotas extraordinarias o compensatorias a personas con discapacidad por sus implementos médicos, incluyéndose animales de asistencia, tales como perros guía en el caso de personas ciegas o débiles visuales.

Los proveedores, además, están obligados a adoptar las medidas de accesibilidad necesarias y suficientes en sus instalaciones y la prestación de sus servicios, de tal forma que las personas puedan acceder a ellas con autonomía e independencia.

También señal que no podrán negarse a la solicitud de ajustes razonables en los términos de la ley, siempre que no representen un costo económico desproporcionado.

“Suponer que el costo de la accesibilidad es una carga desproporcionada o equivale a un prejuicio del particular en su papel de proveedor, es una visión excluyente y discriminatoria; los prejuicios sobre la accesibilidad y su elevado costo derivan de la falta de visión de las personas con discapacidad, como potenciales consumidores”, apuntó la senadora.