• PPO es un instrumento legitimado por la Constitución, para salvaguardar la integridad de las víctimas de los delitos.

Por: Redacción/

La Prisión Preventiva Oficiosa, PPO, no es una medida cautelar deseable por los altos costos económicos que demanda la seguridad en las prisiones, sin embargo, suprimirla generaría mayores costos sociales, porque implicaría dejar a la sociedad a merced del crimen organizado pues, como se ha visto en muchos casos, este tiene la capacidad financiera y operativa para enfrentar a los cuerpos de seguridad, por lo que existen razones fundadas para suponer que corre peligro la vida de víctimas, testigos, peritos, autoridades ministeriales y juzgadores.

Así lo afirmó en sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien agregó que la PPO, más que una sanción anticipada, es una medida instrumental que, sin duda, debe revisarse porque no ha dado los resultados esperados, “sin embargo eliminarla, tampoco es la solución a los problemas de inseguridad del país”.

Señaló que lo prudente sería que el Constituyente Permanente revise el listado de los delitos que activan esta medida cautelar.

Agregó que la PPO es un instrumento legitimado por la Constitución, utilizado preponderantemente para salvaguardar la integridad de las víctimas de los delitos de mayor impacto que lastiman gravemente a la sociedad, así como un mecanismo de salvaguarda, no de sanción ni de detrimento de derechos.

Destacó el riesgo que podrían correr millones de seres humanos que verán en peligro su derecho a la seguridad, que es la más alta prioridad, y sostuvo que ignorar lo que sucede Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Morelos, y muchos otros lugares del país, sería darle la espalda al sufrimiento y la impotencia de las familias de las víctimas de homicidios, feminicidios, personas desaparecidas y secuestros, entre otros delitos. “No atender a todas esas víctimas, implica no escuchar a la sociedad mexicana que demanda justicia y vivir con tranquilidad”.

Yasmín Esquivel afirmó finalmente, que la SCJN es guardiana de la vigencia y preeminencia del texto constitucional por mandato de la gente, y la instancia que vela porque la fuerza de la Carta Magna prevalezca.