• Los legisladores priistas señalaron que es importante garantizar el pleno ejercicio del derecho a votar y la integridad tanto de electores, candidatos, funcionarios y observadores electorales.

Por: Redacción/

En el marco de los comicios del próximo 5 de junio, en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; en donde se elegirán, seis gubernaturas, diputados locales y ayuntamientos; el senador Mario Zamora con el apoyo de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, y los legisladores federales priistas, se pronunciaron por la defensa de la democracia mexicana, mediante la protección del voto ante la creciente violencia que vive nuestro país, y la injerencia que está manifestando el crimen organizado en estos procesos democráticos.

En la propuesta se señala que esta situación, pone en riesgo no solo al equipo de las y los candidatos, sino a la población en general que en ocasiones es amenazada y ponen en riesgo su libertad, integridad e incluso, la vida; expuso, que ahora la violencia y el uso de recursos ilícitos para influir a favor o en contra de una candidata o candidato, hace que la justa democrática sea rehén de elementos nada equitativos y peligrosos para los participantes de dichas contiendas y de la democracia.

Manifestaron que, en los procesos electorales del año pasado, de acuerdo con la consultora Integralia, se registraron 90 incidentes de violencia política, 108 víctimas, 91 candidatos fueron asesinados y se registraron 910 agresiones de distinta índole, convirtiéndolo en el proceso electoral más violento de la historia. Respecto a Sinaloa, el legislador sinaloense dijo que la Fiscalía del Estado, inició 12 carpetas de investigación antes del 6 de junio; así como, otras por la privación ilegal de la libertad de 9 personas y 25 por el robo de documentos electorales.

En ese sentido, los legisladores presentaron un punto de acuerdo para solicitar al Poder Ejecutivo que mediante el Gabinete de Seguridad y el INE, así como a las autoridades de las entidades donde habrá elecciones, se implemente un plan de seguridad que garantice el pleno ejercicio del derecho al voto y seguridad de la ciudadanía, de funcionarios electorales y observadores en los próximos comicios; así como a la FGR para que a través de las fiscalías especializadas en delitos electorales, diseñen, establezcan, operen y difundan ampliamente un número telefónico para la denuncia de la participación del crimen organizado.