• “Para la mayoría de quienes hacen uso de las redes sociodigitales y plataformas, la moneda de cambio es su información personal”, aseguró la coordinadora de Protección de Datos Personales, de la Unidad de Transparencia de la UNAM.

Por: Redacción/

En la era digital los datos personales son un activo de valor económico, razón por la cual es necesario ser cuidadosos a la hora de hacer uso de las redes sociodigitales e internet, así como corroborar su “ciclo de vida”, consideró Lorena Pichardo Flores, coordinadora de Protección de Datos Personales, de la Unidad de Transparencia de la UNAM.

Al participar en las conferencias “Noches con Expertos” que organiza la Red de Educación Continua, comentó que el valor de éstos se relaciona con las vulneraciones o filtraciones que pudieran tener y han ocurrido.

En su exposición, “Desafíos y responsabilidades en la protección de datos personales en la era digital”, mencionó que a nivel global casi la mayoría de datos personales digitales han sido violentados. Esto se debe, por lo general, a que para una parte importante de quienes usan las redes sociodigitales y otro tipo de plataformas gratuitas como Dropbox, Linkedin, incluso Google, la moneda de cambio es su nombre, dirección, correo electrónico, sexo, número de teléfono celular, contactos, etcétera.

Aunque también podrían recolectar información sensible vinculada con salud, orientación sexual, religiosa y política, cuyo propósito es enviarla o planear campañas publicitarias de acuerdo con los grupos demográficos.

En ese sentido, Pichardo Flores señaló que las grandes firmas tecnológicas de Estados Unidos tienen una regulación que no es compatible con la mexicana, ni siquiera con las más avanzadas de otros países desarrollados.

Recordó que en México se registraron algunos acontecimientos, entre ellos: en 2003 se vendió en 15 mil pesos el padrón electoral (con 58 millones de votantes) del entonces Instituto Federal Electoral, mientras que el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil operó en 2009 y se abrogó en 2011.

Dijo que los resultados del estudio “Informe del Costo de una Vulneración de Datos 2020”, publicado por IBM Security, estima que cuando esta acción se presenta en el mundo, una organización pierde 3.86 millones de dólares; esto es, aproximadamente 80 millones de pesos.

Al hacer la conversión a pesos mexicanos, abundó, lo que cuesta a una organización o persona física, sea un dentista, médico o una asociación civil o institución de educación privada, son 80 mil pesos.

En el caso de Latinoamérica IBM obtuvo el costo 1.68 millones de dólares, esto es, aproximadamente, 35 millones de pesos por una vulneración de datos personales a una organización; es decir, el promedio del costo en el mundo es más alto que en Latinoamérica.

Un solo dato personal, por ejemplo, una Clave Única de Registro de Población, domicilio o Registro Federal de Contribuyentes cuesta tres mil 135 pesos en el orbe.

En México se reconoce constitucionalmente el derecho a su protección y su regulación; se dirige a personas físicas y morales, públicas y privadas, además de constituir un derecho humano, aunque se reconoció constitucionalmente en 2006 y se inició por la reglamentación de los particulares (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares), para la salvaguarda de información que utilizan bancos, aseguradoras, escuelas privadas, profesionales que en sus actividades recaban datos personales y aquellos que no reciben del gobierno ingresos federales o locales.

Esta garantía constitucional tiene excepciones que establece la Carta Magna cuando se trata de un tema de seguridad nacional, como la pandemia, donde el Estado mexicano se hace responsable en una etapa de emergencia.

La ley permite elegir a quién y cómo se otorgan los datos personales y para qué; proporciona al usuario una serie de herramientas como los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) que los puede hacer valer en su momento.

Pichardo Flores aseveró que el confinamiento motivó las compras vía internet, por lo cual la información está en posesión de las grandes cadenas de supermercados, tiendas en línea, negocios locales, restaurantes que entregan a domicilio; además, en aplicaciones tecnológicas que recaban datos personales al crear una cuenta de correo, inscribirse en un concurso, para recibir una beca, llenar una encuesta o al navegar por la red.